El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) activó una medida preventiva de alto impacto en su regional Atlántico al asumir desde Bogotá la autorización del gasto y los pagos, mientras avanza una revisión detallada sobre el manejo de los recursos públicos y los procesos contractuales.
La decisión quedó oficializada mediante una resolución expedida el pasado 22 de diciembre, que establece que la Subdirección General y la Secretaría General del ICBF ejercerán de manera transitoria la ordenación del gasto hasta el 31 de enero de 2026. Durante este periodo, cualquier pago, contratación o compromiso presupuestal de la regional deberá contar con el aval directo del nivel central.
Desde la entidad se explicó que la medida no responde a un escándalo puntual ya judicializado, sino a un ejercicio de control anticipado para descartar posibles irregularidades y reforzar los mecanismos de transparencia en una de las regionales con mayor carga operativa del país.
La intervención administrativa busca blindar los recursos destinados a la atención de niños, niñas y adolescentes, eje principal de la misión institucional. Según el ICBF, la revisión técnica se concentra en verificar que los contratos y procedimientos se ajusten plenamente a la normativa vigente y a los principios de eficiencia y responsabilidad fiscal.
Pese a la centralización temporal del gasto, el Instituto aseguró que los programas y servicios para la niñez en el Atlántico continuarán desarrollándose con normalidad y que no habrá afectaciones en la atención a las familias beneficiarias.
La medida tendrá carácter transitorio y, una vez finalizada la revisión, el ICBF evaluará si se restablece plenamente la competencia en la regional o si se adoptan nuevas acciones administrativas.
De manera paralela, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía y a los organismos de control social para que reporten cualquier presunta irregularidad a través de los canales oficiales, reiterando que la vigilancia ciudadana es clave para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y la protección de los derechos de la niñez.