Al investigado no se le deberá juzgar por hechos distintos a los relacionados en la solicitud, ni imponer la pena capital o perpetua.
Al acoger los argumentos presentados por la Procuraduría General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia rindió concepto favorable para que se conceda la extradición del ciudadano colombo-venezolano Dayonis Junior Orozco Castillo, quien es requerido por el gobierno chileno por su presunta participación en el homicidio de un oficial de la Policía de Carabineros, durante hechos ocurridos el pasado 10 de abril, en Santiago.
En su decisión, el alto tribunal señaló que la solicitud cumplió los requisitos convencionales y constitucionales establecidos en el tratado de extradición firmado entre los dos países, razón para acceder al “requerimiento realizado por el Gobierno de la República de Chile en el marco de los acuerdos de cooperación internacional”.
Concepto de la Procuraduría
En desarrollo del trámite de extradición, el Procurador Primero Delegado para la Casación Penal señaló en su momento que en el requerimiento se demostró plenamente la identidad del ciudadano solicitado, así como se respetó el principio de la doble incriminación, pues los hechos por los cuales es investigado en Chile tienen su equivalente en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), que para este caso son homicidio y porte ilegal de armas.
Igualmente, el Ministerio Público precisó que los hechos materia de investigación no son considerados como delitos políticos ni en Chile, ni en Colombia, situación que cumple con lo exigido en el tratado firmado por los dos países.
También, llamó la atención para que se le advirtiera al país solicitante que no deberá juzgar en este caso a Orozco Castillo por hechos distintos a los que originaron la reclamación, ni se le imponga la pena capital o perpetua.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia acogió esas observaciones de la Procuraduría en su decisión, y agregó que se le deberá garantizar el acceso a un proceso público sin dilaciones, se presuma su inocencia, cuente con un defensor designado por él o por el Estado y se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare su defensa.
Esas condiciones deberán ser tenidas en cuenta por el Gobierno colombiano en caso de autorizar su extradición, precisó el alto tribunal en su concepto.
*Con información Procuraduría General de la Nación
