La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades del contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.
De acuerdo con el ente acusador, los activos afectados superan los $65.900 millones y corresponden a predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, presuntamente vinculados a Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres, así como a algunos de sus familiares.
La Fiscalía señaló que estas propiedades estarían relacionadas con los recursos obtenidos de manera irregular a través del millonario contrato destinado a la conectividad digital del país, uno de los escándalos más sonados de los últimos años en el sector público.
Dentro de las medidas adoptadas, el ente investigador también ordenó una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra TIC, Karen Abudinen, en el marco de las actuaciones judiciales que buscan esclarecer el destino de los recursos públicos comprometidos.
La Fiscalía reiteró que estas acciones hacen parte de la estrategia para recuperar bienes adquiridos con dineros de origen ilícito y garantizar la reparación al Estado, mientras avanzan los procesos penales y patrimoniales contra los responsables.