Un juez de Barranquilla se abstuvo de imponer medida de aseguramiento domiciliaria al exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos, en el marco del proceso penal que se adelanta por presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la Fundación Conciencia Social (Fucoso).
La decisión fue adoptada por el juez 14 de control de garantías de Barranquilla, Jorge Alberto Ortiz, quien analizó la solicitud presentada por la Fiscalía tras la imputación de cinco delitos: peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos.
El togado consideró que sí existe inferencia razonable frente a los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos, pero no encontró sustento suficiente para los cargos de tráfico de influencias de particular, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Asimismo, el juez sostuvo que no se configura riesgo de fuga ni de obstrucción a la justicia, argumentando que, pese a llevar cerca de tres años vinculado a procesos judiciales, Nicolás Petro no ha salido del país, aun siendo hijo del presidente de la República.
Durante la audiencia, la Fiscalía General de la Nación expuso que Nicolás Petro, presuntamente junto a su expareja Daysuris Vásquez, se habría apropiado de recursos públicos que salieron de la Gobernación del Atlántico hacia la Fundación Fucoso, entidad en la que Petro Burgos, según el ente acusador, tendría influencia.
De acuerdo con la investigación, la Gobernación habría transferido 400 millones de pesos a la fundación para programas de capacitación y atención a adultos mayores en varios municipios del Atlántico. No obstante, la Fiscalía aseguró que solo 200 millones habrían sido destinados a ese fin, mientras que el 50 % restante habría sido apropiado por Nicolás Petro, su expareja y el representante legal de la fundación, Gustavo De la Ossa.
El ente acusador también señaló que, presuntamente, se habrían falsificado documentos utilizados en la declaración de renta ante la Dian.
Este proceso se adelanta de manera paralela a otro que cursa en un despacho judicial distinto, en el que Nicolás Petro enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos, relacionados con hechos ocurridos durante la campaña presidencial de su padre.