Durante la audiencia virtual de este lunes, la Procuraduría General de la Nación consideró que existen elementos probatorios que permiten inferir la posible participación del exdiputado Nicolás Petro Burgos en varios delitos, aunque advirtió controversias, errores en la cuantía y vacíos probatorios dentro de la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía.
El delegado del Ministerio Público, Henry Bustos, señaló que la Procuraduría estima procedente la medida de aseguramiento al existir inferencia razonable en los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público y privado. Sin embargo, aclaró que el caso presenta inconsistencias que deben ser precisadas.
Según Bustos, gran parte de los elementos probatorios tienen su origen en las conversaciones de WhatsApp entre Nicolás Petro y su expareja Daysuris Vásquez, de donde se desprenden inferencias sobre la posible autoría y participación del exdiputado. No obstante, reconoció que no existen chats directos entre Petro y otros implicados, como funcionarios de la Gobernación del Atlántico o representantes de la Fundación Conciencia Social.
Error en la cuantía del presunto peculado
Uno de los puntos más sensibles señalados por la Procuraduría fue un posible error en la cuantía del presunto peculado. La Fiscalía indicó en la imputación que se habrían girado dos cheques por un total de 72 millones de pesos, pero, según el análisis del Ministerio Público, en realidad fue un solo cheque.
Bustos explicó que inicialmente se elaboró un cheque por 36 millones de pesos, pero este presentó un error y quedó consignado por 36 mil pesos, motivo por el cual fue corregido. Pese a ello, la Fiscalía habría sumado ambos valores como si se tratara de dos giros distintos. El cheque iba dirigido a Daysuris Vásquez.
Aunque la Procuraduría reiteró que existe material probatorio suficiente, insistió en que la cuantía debe ser aclarada para evitar inconsistencias jurídicas.
Tráfico de influencias y posible obstrucción
Frente al delito de tráfico de influencias, la Procuraduría indicó que los elementos muestran que Daysuris Vásquez actuaba como intermediaria, comunicándose con funcionarios de la Gobernación y con el representante legal de la Fundación Conciencia Social. Sin embargo, volvió a recalcar que no hay evidencia directa de comunicaciones entre Nicolás Petro y estos funcionarios.
Sobre el argumento de la Fiscalía respecto a una posible obstrucción a la justicia, Bustos manifestó que no se aportaron pruebas claras. La Fiscalía sostuvo que un policía habría ingresado al sistema SPOA para consultar el proceso y que ese mismo día Nicolás Petro otorgó poder a su abogado Alejandro Carranza, lo cual fue interpretado como un posible intento de interferencia.
La Procuraduría reconoció que hubo una coincidencia temporal, pero afirmó que no existe evidencia concreta que demuestre que Nicolás Petro influyó en el uniformado o que efectivamente buscara obstruir el proceso judicial.
Contexto del caso
La Fiscalía imputó cargos a Nicolás Petro por presuntamente apropiarse de recursos de la Gobernación del Atlántico, a través de la Fundación Conciencia Social, destinados a la atención de adultos mayores en varios municipios del departamento.
El exdiputado no aceptó los cargos y el proceso continúa mientras el juez evalúa la solicitud de medida de aseguramiento, en medio de los reparos y observaciones planteados por la Procuraduría.