En los pasillos del sector salud la conversación de la semana no fue una reforma ni un hospital intervenido, sino un movimiento que pocos vieron venir: el superintendente Bernardo Camacho decidió remover a un funcionario en Valledupar y nombrar en su reemplazo a Anselmo Hoyos Franco, exgerente del Materno Infantil.
Hasta ahí, nada anormal. Lo que encendió las alarmas fue el detalle que apareció inmediatamente después: Hoyos Franco es reconocido en la región por su cercanía con Eduardo Pulgar, el excongresista condenado por corrupción y con un historial político bien distante del proyecto de Gobierno.
Un nombramiento así, en cualquier otro tiempo, sería solo una nota más en la agenda burocrática. Pero ahora, en pleno Gobierno del “cambio”, suena a algo distinto: no parece un movimiento técnico, sino un reacomodo político. Y uno con aroma a las viejas maquinarias que Petro prometió desmontar.
La inquietud creció cuando distintas fuentes aseguraron que el presidente no estaba enterado de la decisión. Un superintendente que mueve fichas sin consultar a la Casa de Nariño deja una pregunta obligatoria:
¿A quién está obedeciendo Camacho?
La sombra también llega a Barranquilla
El capítulo de Valledupar es solo la primera parte. En Barranquilla, Camacho estaría listo para sacar al interventor de la ESE UNA. ¿El motivo? Según versiones internas, el funcionario se negó a entregar un contrato a una empresaria de la salud cercana al superintendente.
Quienes la conocen afirman que ella misma se presenta como la “jefa política” de Camacho. De ser cierto, la Supersalud habría pasado de ser una entidad de control a una oficina donde se cobra favores, se entregan cuotas y se ajustan cuentas.
Una contradicción que golpea al Gobierno
Si algo ha repetido el presidente Petro desde campaña es su promesa de romper con el clientelismo. Por eso, la idea de que desde una entidad tan estratégica se favorezcan a aliados de políticos tradicionales —incluyendo uno que ayudó a llevar al poder a figuras opositoras del petrismo— no solo es contradictoria: es peligrosa.
Mientras el Gobierno pelea batallas nacionales, adentro parece haber una discreta guerra por el control de las decisiones y los contratos.
Y por eso, entre funcionarios, sindicatos del sector salud y dirigentes regionales, la pregunta se repite con fuerza:
¿Para quién está trabajando realmente el superintendente Bernardo Camacho?