A juicio exmiembros del Ejército por torturas durante la toma del Palacio de Justicia en 1985

La Fiscalía General de la Nación anunció la resolución de acusación contra nueve exintegrantes del Ejército Nacional por su presunta participación en actos de tortura contra civiles, quienes fueron señalados equivocadamente como sospechosos durante los hechos ocurridos entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia, Bogotá.

Los acusados

Los militares en retiro citados a juicio como coautores impropios del delito de tortura agravada son:

  • Mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, entonces coronel y director del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI)
  • Coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, comandante de la Unidad de Inteligencia (B-2) de la Brigada XIII
  • Coronel (r) Fernando Blanco Gómez, exsubcomandante del B-2
  • Mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez

Además, los suboficiales en retiro: Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Gustavo Arévalo Moreno, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Bernardo Alfonso Garzón Garzón, todos exintegrantes del B-2.

Hechos denunciados

Según la Fiscalía, estos oficiales y suboficiales habrían sometido a trato cruel y degradante a 11 personas trasladadas a la Casa del Florero, a instalaciones militares y de la Policía, bajo la presunción de estar vinculadas a la toma del Palacio.

Entre las víctimas se encontraban dos estudiantes de derecho, quienes, junto con la mayoría de los afectados, fueron rescatados en medio del intercambio de disparos entre la fuerza pública y miembros del M-19, y posteriormente llevados a diferentes lugares para ser interrogados bajo humillaciones antes de quedar en libertad.

Otro caso citado por la Fiscalía fue el de un funcionario de obras públicas, que fue interceptado en un retén, tildado como guerrillero, conducido a la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, golpeado y trasladado a la cárcel La Modelo, donde permaneció detenido 15 días.

La Fiscalía indicó que con la acusación se busca llevar a juicio a los responsables y garantizar justicia por los actos de tortura cometidos contra los civiles durante la toma del Palacio de Justicia.

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