La adquisición de 17 aviones de combate Gripen por parte del Gobierno Nacional desató un escándalo que ya pone bajo la lupa a la Contraloría, el Congreso y varios organismos de control. El motivo: Colombia pagó más que cualquier otro país por el mismo modelo de aeronave, lo que ha desatado acusaciones de sobrecosto y falta de transparencia.
De acuerdo con las cifras reveladas, el país pagó US$213 millones por cada avión, frente a los valores asumidos por otras naciones:
- Brasil: US$150 millones
- Tailandia: US$119 millones
El contrato supera los 16,5 billones de pesos, y los cuestionamientos apuntan a que los Gripen no responden a las necesidades actuales de seguridad. El país enfrenta amenazas de disidencias que operan en selvas y montañas, grupos narcotraficantes y estructuras criminales a ras de tierra, escenarios donde se requieren drones, inteligencia aérea, helicópteros artillados y aviones de ataque ligero, no cazas de superioridad aérea.
Además, el costo operativo ha generado preocupación: una hora de vuelo del Gripen cuesta entre 6.000 y 8.000 dólares, lo que lo hace inviable para misiones de patrullaje en territorio selvático.
Pese al elevado valor y el complejo mantenimiento, el Gobierno excluyó alternativas más funcionales para las necesidades del país, decisión que ahora enfrenta duras críticas mientras el Ejecutivo exige más recursos para sectores como salud, educación y seguridad social.
Los organismos de control ya indagan si existió un sobrecosto en la negociación. Para muchos sectores, el debate dejó de ser si lo hubo, y pasó a ser de qué magnitud.
Mientras tanto, crecen las voces que aseguran que el negocio “huele a quemado” y exigen explicaciones con cifras claras sobre por qué Colombia terminó pagando “como un país rico” por un sistema de defensa que, según expertos, no responde a las prioridades reales del territorio.