La Fiscalía General de la Nación imputó este lunes nuevos cargos a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en la contratación entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso), destinada a la atención de adultos mayores en varios municipios del departamento.
Según la fiscal del caso, Lucy Laborde, Nicolás Petro —quien para la época de los hechos era diputado del Atlántico— habría utilizado su influencia política para direccionar contratos a la fundación Fucoso, cuyo representante legal es Gustavo De la Ossa.
“Usted se apropió presuntamente de manera dolosa de recursos públicos”, señaló la fiscal Laborde durante la audiencia.
Los delitos imputados son: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público y privado, y falso testimonio.
La investigación se originó a partir de información extraída del celular de Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, en el marco del proceso que ya enfrenta por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
De acuerdo con la Fiscalía, el exdiputado se habría apropiado de $511 millones provenientes de dos contratos: uno por $400 millones y otro por $572 millones. Parte del dinero habría sido entregado en efectivo, incluso transportado en maletas por un escolta identificado con el apellido Díaz.
Del anticipo de uno de los convenios, de $200 millones, la Fiscalía sostiene que $120 millones fueron a manos de Nicolás Petro y Daysuris Vásquez; $40 millones a Gustavo De la Ossa, y el resto a otro funcionario involucrado en el direccionamiento del contrato.
El ente acusador también indicó que Petro habría inflado los salarios del personal contratado para quedarse con una parte del dinero destinado a pagos laborales.
Por su parte, la defensa de Nicolás Petro, representada por el abogado Alejandro Carranza, pidió a la Fiscalía precisar bajo qué figura penal se le acusa, si como funcionario público o particular, y cuestionó la claridad de los hechos.
El juez del caso decidió suspender la audiencia hasta el miércoles 12 de noviembre a las 2:00 p.m., para que la Fiscalía aclare los puntos solicitados por la defensa.
Pese a que esta última pidió aplazar la diligencia, argumentando falta de notificación, una recusación contra la fiscal y una tutela en trámite, el juez negó la suspensión, señalando que la audiencia de imputación es meramente comunicativa y no vulnera los derechos del procesado.