El proceso para elegir al nuevo contralor departamental del Magdalena (2026–2029) permanece en pausa luego de que la Procuraduría General de la Nación (PGN) emitiera el requerimiento preventivo PD2VPFP N.º 1356, dirigido a la Asamblea Departamental del Magdalena, en el marco de presuntas irregularidades en la convocatoria pública adelantada para ese cargo.
El documento, fechado el 21 de octubre de 2025 y suscrito por el procurador segundo delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Samuel Benjamín Arrieta Buelvas, solicitó a la Mesa Directiva de la corporación y a la Universidad de Medellín —entidad contratada para adelantar las pruebas y evaluación de los aspirantes— remitir información completa sobre la conformación de la terna, las resoluciones expedidas y las reclamaciones radicadas por participantes del proceso.
La Procuraduría recordó a la Asamblea su obligación de garantizar transparencia, mérito y participación ciudadana, de conformidad con el Acto Legislativo 04 de 2019 y la Ley 1904 de 2018, que regulan la elección de contralores territoriales.
El exhorto hace parte de las acciones de vigilancia preventiva, con el fin de anticipar eventuales riesgos jurídicos o administrativos que puedan afectar la legitimidad del proceso.
Suspensión del proceso
En medio del requerimiento, la Asamblea Departamental expidió la Resolución N.º 044 del 17 de octubre de 2025, mediante la cual suspendió el cronograma de elección del contralor.
La decisión se adoptó tras una medida cautelar ordenada por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Santa Marta, en respuesta a una tutela interpuesta por un diputado que denunció presuntas irregularidades en la conformación de la terna.
A la fecha, no se ha informado públicamente que la Asamblea haya dado respuesta definitiva al requerimiento de la Procuraduría ni que el proceso haya sido reanudado.
Fuentes oficiales señalan que la PGN mantiene abierto el seguimiento preventivo, mientras el proceso permanece suspendido hasta que se cumplan las exigencias legales y se levanten las medidas judiciales.
El contrato con la Universidad de Medellín, identificado como N.º 522025, contemplaba la “admisión, elaboración y evaluación de pruebas de conocimiento y consolidación de resultados”. Sin embargo, su ejecución fue cuestionada por aspirantes y sectores políticos que alegan falta de claridad en la evaluación y publicación de resultados.
La Procuraduría, a través de su Directiva 10 de 2025, había advertido previamente a todas las asambleas del país la necesidad de planeación rigurosa y contratación transparente con instituciones de educación superior acreditadas para estos procesos.
Requerimientos puntuales
La Procuraduría exige que la Asamblea informe:
- Los puntajes y resultados individuales obtenidos por cada aspirante en todas las etapas de la convocatoria (verificación de requisitos, pruebas, entrevistas, entre otras), especificando los criterios de ponderación y sus sustentos técnicos.
- Si se ha realizado la revisión de inhabilidades o conflictos de interés de los candidatos incluidos en la terna, junto con los documentos que acrediten ese análisis.
- Las medidas adoptadas para garantizar la equidad de género dentro del proceso de evaluación y selección.
- La fecha prevista para la sesión plenaria de elección del Contralor Departamental.
De igual manera, se pidió a la Procuraduría Regional del Magdalena remitir un informe detallado de las actuaciones preventivas efectuadas bajo la Directiva 10 de 2025 y los memorandos internos 001 y 003, con sus respectivos soportes y resultados.
Advertencias y exhorto final
El Ministerio Público advirtió que ejercerá vigilancia estricta sobre cada decisión adoptada y que cualquier anomalía podría derivar en investigaciones disciplinarias inmediatas o incluso en demandas de nulidad electoral, si se llega a comprobar vulneración de los principios de transparencia, igualdad y objetividad.
Asimismo, la Procuraduría exhortó a la Mesa Directiva de la Asamblea a evaluar la suspensión del proceso de elección mientras se esclarecen las presuntas irregularidades señaladas en los medios de comunicación y en reclamaciones de algunos participantes.
El documento recalca además la obligación de publicar de forma clara, completa y oportuna los resultados del proceso, así como el deber legal de los servidores públicos de atender debidamente los requerimientos del ente de control, recordando que omitir, retardar o no responder adecuadamente puede constituir una falta disciplinaria.
🕯️ Un proceso bajo la lupa
Con este nuevo llamado, la Procuraduría busca blindar el proceso de elección del contralor de eventuales vicios o controversias que puedan derivar en demandas o escándalos administrativos, reiterando que se trata de una vigilancia preventiva que no implica injerencia, pero sí una observación permanente.
El proceso para elegir al contralor del Magdalena sigue congelado. La Procuraduría mantiene su vigilancia preventiva sobre la Asamblea Departamental, mientras esta no ha entregado públicamente las respuestas solicitadas ni se ha levantado la suspensión del cronogram
