La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó el cierre de los procesos penales de 133 militares implicados en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate entre 1999 y 2008 en Norte de Santander.
Los comparecientes, involucrados en 31 hechos que dejaron 49 víctimas, recibieron el beneficio de renuncia a la persecución penal, lo que implica la eliminación de las acciones penales y disciplinarias en su contra.
Según la JEP, estos exmilitares no fueron catalogados como máximos responsables dentro de los llamados “falsos positivos”, una práctica en la que miembros del Ejército ejecutaron civiles inocentes para presentarlos como guerrilleros abatidos en combate.
La jurisdicción precisó que los beneficiados pertenecían a los batallones de contraguerrilla 95 y 98 de la Brigada Móvil 15, al Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ y al Batallón de Combate Terrestre No. 46 ‘Héroes de Saraguro’, que operaron en el Catatumbo.
Aunque la JEP archivó sus causas, los comparecientes deberán cumplir con medidas restaurativas y compromisos de verdad y reparación en un plazo máximo de dos meses, como parte de su aporte al esclarecimiento de los hechos.
Hasta la fecha, la JEP ha resuelto la situación jurídica de 417 miembros de la Fuerza Pública, de los cuales 415 estuvieron involucrados en crímenes no amnistiables cometidos durante el conflicto armado.
