Por Falunito de Tal
El reciente repunte del Pacto Histórico en regiones golpeadas por décadas de conflicto armado —donde operan actualmente el ELN, las disidencias de FARC‑EP y bandas criminales (bacrim) — no puede leerse simplemente como otra victoria electoral de la izquierda. Es, en realidad, una señal de alerta: mientras más control territorial ejercen organizaciones ilegales, menos se garantiza un voto libre, informado y autónomo.
Los datos lo avalan: en zonas como el Bajo Cauca de Antioquia o norte de Santander —con fuerte presencia del ELN y de disidentes de las FARC— el respaldo al Pacto Histórico superó holgadamente al de sus competidores. En paralelo, el mapa del país muestra que la presencia de esos grupos ha crecido: el ELN, por ejemplo, ya opera en 232 municipios, según un estudio reciente.
¿Por qué esto plantea un problema para la democracia?
- Voto condicionado, no libre
Cuando la presión social, económica o de seguridad condiciona el sufragio —alguien que recibe prestación social, vive en zona de cultivo ilícito o depende laboralmente de grupos armados— el resultado electoral ya no expresa una voluntad individual genuina. - Control territorial que redefine la política
Si el Estado pierde presencia y quienes imponen la autoridad son grupos armados, el proceso electoral puede convertirse en una extensión de su influencia: movilización de simpatizantes, coacción simbólica o real, uso de recursos para que «voten por nosotros». En ese escenario, una fuerza política puede resultar beneficiada no tanto por mérito propio como por el terreno que dominan otros. - La estrategia de gobierno que permite este crecimiento
Bajo la administración de Gustavo Petro, la política de “paz total” amplió los márgenes para negociar con actores armados sin que se fortalezca, simultáneamente, la institucionalidad en territorios liberados. Esto ha coincidido con un aumento documentado en la presencia armada ilegal. Si el espacio del Estado se reduce y el de los grupos ilegales aumenta, es lógico que la influencia electoral de quienes están presentes crezca.
¿Qué hacer ante el reto?
- Fortalecer la presencia del Estado en municipios donde la autoridad es débil. Solo allí puede sostenerse un voto libre.
- Garantizar la protección de votantes, líderes sociales y testigos electorales en territorios de riesgo. La violencia político-electoral creció este año, según la organización Fundación Paz y Reconciliación.
- Transparencia plena en la financiación de campañas que se disputan en zonas de riesgo. Si unos llegan gracias a recursos vinculados a economías ilícitas, la competencia no es justa.
En definitiva, que el Pacto Histórico obtenga altos resultados en territorios con presencia de grupos armados no es solo un fenómeno electoral, es una señal estructural: el conflicto que pensábamos superado regresa por la puerta de atrás. Desde ese ángulo, la pregunta central no es solo quién gana en 2026, sino cómo garantizaremos que el voto sea de verdad libre, no un eco del control territorial ilegal.
