La E.S.E. Alejandro Próspero Reverend, que debería atender exclusivamente a los samarios, está en el ojo del huracán por presuntos manejos irregulares y vínculos con la campaña del aspirante a la Gobernación del Magdalena, Rafael Noya.
La institución pública, cuya misión es proteger la vida y la salud, enfrenta graves señalamientos de haberse convertido en una plataforma política, supuestamente usada para favorecer al candidato con el respaldo tácito del alcalde Carlos Pinedo Cuello.
Según denuncias internas, el ambiente dentro de la E.S.E. estaría marcado por presiones y miedo. “Si no nos alineamos con el proyecto de Noya, nos sacan”, contó una trabajadora bajo reserva. La gerencia no se ha pronunciado oficialmente.
Chats filtrados y testimonios anónimos dan cuenta de presiones sistemáticas al personal médico y administrativo para asistir a actos políticos, mostrar respaldo público al candidato y participar en actividades proselitistas.
Una institución en crisis
De acuerdo con la Alcaldía de Santa Marta, la E.S.E. “está en coma”, con pasivos superiores a los 30 mil millones de pesos y deudas que crecen cada mes. El hospital ya había sido intervenido en 2019 por “condiciones deplorables” de infraestructura y gestión.
El concejal Carlos Pinedo Cuello denunció incluso posibles ventas irregulares de vacunas contra la COVID-19, fuera del cronograma nacional, lo que configuraría un uso indebido de bienes públicos.
Un debate que vuelve
Este nuevo escándalo revive una pregunta urgente:
¿hasta qué punto la salud pública en Santa Marta ha sido cooptada por intereses políticos?
Mientras los entes de control guardan silencio, los ciudadanos exigen respuestas.
Porque si el hospital que debe salvar vidas termina convertido en una “caja política”, el costo no será solo económico, sino moral e institucional.
