Los explosivos provenían de Ecuador, Perú y Venezuela, y eran utilizados para la extracción ilegal de minerales.

La Fiscalía General de la Nación desmanteló una red criminal señalada de dedicarse a la obtención, transporte y comercialización de explosivos empleados en la extracción ilegal de minerales en los departamentos de Antioquia y el Eje Cafetero.

De acuerdo con la investigación, el grupo obtenía anfo, cordón detonante, detonadores y mechas de seguridad en Ecuador, Perú y Venezuela, los cuales ingresaban de manera clandestina al país. Los explosivos eran transportados ocultos en vehículos de carga, automóviles y motocicletas, para luego ser almacenados en inmuebles ubicados en Marmato (Caldas), Barbosa, Bello, Medellín, San Roque y Segovia (Antioquia).

Posteriormente, eran distribuidos a distintos entables mineros ilegales, generando graves afectaciones al medio ambiente y a la seguridad de las comunidades cercanas.

Las autoridades también determinaron que, en algunos casos, los implicados compraban barras de indugel desviadas de empresas legalmente constituidas, con permisos para el uso industrial de explosivos.

Los capturados y los delitos imputados

Cinco personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías por un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.
Los procesados son:

• Elkin Giovanny Riascos Ortiz, señalado cabecilla de la red.
• Dubán Alberto Velásquez Valencia y Diego Alejandro Cruz Osorio, presuntos socios.
• Luz Mery Valencia Bedoya, quien habría prestado sus cuentas bancarias para recibir dinero del negocio ilícito.
• John Wilderman Franco Herrera, uno de los presuntos transportadores, quien ya se encuentra recluido en centro carcelario por otro proceso judicial.

A todos se les imputaron los delitos de:

• Concierto para delinquir agravado.
• Contaminación ambiental.
• Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.
• Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los cargos no fueron aceptados por los procesados.
El juez impuso medida de aseguramiento domiciliaria a cuatro de los implicados, mientras que Franco Herrera continuará en prisión.

Las autoridades estiman que esta red habría movilizado toneladas de explosivos, valoradas en miles de millones de pesos, para sostener operaciones ilegales de minería que causaron grave contaminación en fuentes hídricas y suelos de la región.

El operativo forma parte de la estrategia nacional para combatir la minería ilegal y proteger los recursos naturales del país.