La controvertida “paz total” del presidente Gustavo Petro vuelve a generar tensiones en la Costa Caribe, luego de que Camilo Pineda Serje, delegado del Alto Comisionado para la Paz, confirmara desde el Hotel El Prado que el Gobierno no descarta trasladar a los jefes criminales Digno José Palomino Rodríguez y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias “Castor”, a una cárcel de Barranquilla como parte de los diálogos de paz urbana con las bandas Los Pepes y Los Costeños.
“Es un escenario, pero no una decisión unilateral. Debe haber un trabajo articulado con el Inpec, la Policía y los organismos de inteligencia. Un movimiento irresponsable podría echar a perder los logros alcanzados”, señaló Pineda en diálogo con medios locales.
El funcionario explicó que la posibilidad está siendo evaluada debido a las dificultades logísticas y de comunicación que representa tener a “Castor” recluido en Cómbita (Boyacá), a cientos de kilómetros de Barranquilla. “Estamos revisando condiciones que podrían facilitar el proceso si los líderes están más cerca de la ciudad”, añadió.
Sin embargo, la idea ha encendido las alarmas en sectores políticos y en la ciudadanía, ante el temor de que la medida termine fortaleciendo la presencia de estas organizaciones criminales en el Atlántico.
El alcalde Alejandro Char fue contundente en su rechazo:
“Hablamos de paz, pero en un local comercial, porque no se paga una extorsión, matan a una cajera. ¿Quién puede contener ese dolor? Todos queremos la paz, pero primero está la ley y la institucionalidad. Mientras se sigan metiendo con los barranquilleros, ahí estaremos nosotros poniendo seguridad.”
Pineda, por su parte, aseguró que el Gobierno no dialoga solo con Los Pepes y Los Costeños, sino que analiza la situación de otras estructuras criminales activas en el área metropolitana:
“No podemos desmantelar unas organizaciones sin garantizar que otras no ocupen su lugar. Hay agentes del caos que buscan rentas ilegales y control territorial.”
El anuncio deja en evidencia la delicada línea entre la negociación y la legitimación de estructuras criminales, un debate que vuelve a colocar a la “paz total” de Petro en el centro de la controversia nacional.