La disputa por el futuro del peaje Papiros, en Puerto Colombia, volvió a encenderse. La Gobernación del Atlántico denunció que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) “incumplió los compromisos pactados” en la mesa de concertación realizada el año pasado, donde se buscaba una salida definitiva al conflicto con la comunidad.
Según la administración departamental, la ANI cambió las reglas del juego al pretender que el Atlántico asuma la indemnización al concesionario privado, pese a que esos recursos hacen parte de un contrato de concesión nacional. “Es absurdo que la ANI quiera trasladar esa carga financiera a la Gobernación, cuando el contrato no fue estructurado ni gestionado por el departamento”, expresó la entidad en un comunicado, acusando a la agencia de romper la buena fe institucional.
El gobernador Eduardo Verano había liderado un proceso de concertación que culminó el 5 de septiembre de 2024, con un acta firmada por el entonces vicepresidente de la ANI, Juan José Oyuela, y representantes de la comunidad. En ella, la Nación propuso que la Gobernación asumiera el mantenimiento de un tramo de 12 kilómetros de vía entre la Circunvalar y la entrada a Puerto Colombia, a cambio del desmonte definitivo del peaje Papiros.
El departamento aceptó el acuerdo y, según informó, adelantó los trámites administrativos, técnicos y financieros, incluso con el respaldo de la Asamblea para garantizar vigencias futuras. Pero la ANI, en lugar de avanzar en la desafectación del peaje, ahora plantea reactivar los cobros bajo una tarifa de $1.500 pesos, amparada en un documento titulado “Alternativas técnicas y operativas Peaje Papiros”.
La Gobernación asegura que esta decisión rompe la confianza legítima y revive el conflicto social con los residentes y empresarios de la zona. “Cada vez que cambia la presidencia de la ANI o el ministro de Transporte, los acuerdos se desconocen. Es un ir y venir que impide soluciones de fondo”, advirtió el comunicado.
Por su parte, la ANI respondió que la Gobernación “no logró demostrar la disponibilidad de recursos” para asumir el tramo vial. La entidad señaló que el departamento debía acreditar la capacidad financiera para cubrir los costos de operación y mantenimiento (OPEX) y la inversión pendiente (CAPEX), algo que —según el análisis técnico— no se cumplió.
Por ello, la ANI confirmó que la Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S. seguirá administrando la unidad funcional del proyecto que incluye el peaje.
El enfrentamiento deja nuevamente en el limbo una solución largamente esperada por los habitantes de Puerto Colombia, quienes han reclamado por años la eliminación del peaje. Mientras tanto, el punto muerto entre Nación y Departamento revela la falta de coordinación institucional y el costo político de un problema que se ha convertido en símbolo de centralismo, desconfianza y desgaste burocrático.