Centro Democrático y Cambio Radical buscan recortar poderes de la JEP con nuevo proyecto de ley

Un fuerte pulso político se abrió en el Congreso tras la radicación de un proyecto de acto legislativo por parte de la oposición, con el que se pretende modificar de manera sustancial el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La iniciativa fue presentada por la senadora Paloma Valencia y el representante José Jaime Uscátegui, quienes aseguran que el sistema de justicia transicional requiere mayores controles y límites más estrictos.

De acuerdo con sus impulsores, el proyecto busca endurecer las condiciones de acceso a los beneficios de la JEP, garantizar mayor rigurosidad en el aporte de verdad por parte de los comparecientes y, además, diferenciar el tratamiento para los miembros de la Fuerza Pública.

Entre los cambios propuestos se encuentra restringir el alcance de la JEP para que no pueda investigar o juzgar hechos relacionados con el paramilitarismo, los cuales están bajo la órbita de la Ley de Justicia y Paz. También se plantea reforzar la definición de «verdad plena», exigiendo que los comparecientes entreguen información exhaustiva y verificada, so pena de perder los beneficios judiciales si se demuestra que mintieron deliberadamente.

Otro punto clave es la precisión en el conteo de víctimas. El proyecto obliga a que toda cifra o decisión de la JEP se base en pruebas acreditadas, prohibiendo aproximaciones o estimaciones generales. Asimismo, en los casos en que no haya reconocimiento de responsabilidad, la JEP deberá garantizar de forma estricta principios como la presunción de inocencia, la doble instancia y la doble conformidad, en línea con la Convención Americana de Derechos Humanos.

En cuanto a la Fuerza Pública, el articulado plantea crear mecanismos para que la Justicia Penal Militar revise sentencias emitidas por el Tribunal para la Paz. Incluso, esas decisiones podrían ser objeto de recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Además, las penas de prisión para militares y policías se cumplirían en establecimientos propios de su régimen penitenciario, por un máximo de cinco años, tras lo cual entraría en vigencia un modelo restaurativo.

El proyecto también busca modificar el régimen de tutelas contra las decisiones de la JEP. De aprobarse, estas acciones se resolverían en primera instancia en la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz y en segunda instancia en la Sala Penal de la Corte Suprema, sacando de la ecuación a la Corte Constitucional.

La propuesta ha generado debate inmediato en sectores políticos y jurídicos. Mientras sus autores defienden que con estos cambios se otorgan garantías reales de justicia y se evita la impunidad, voces críticas advierten que limitar las facultades de la JEP pone en riesgo el cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en 2016 y puede afectar la confianza de las víctimas en el sistema.

El futuro de la iniciativa dependerá de los consensos que logre la oposición en el Congreso, en medio de un ambiente político polarizado sobre la implementación de los compromisos de paz.