La lucha por la reducción de las altas tarifas de energía eléctrica en la región Caribe sigue avanzando, tras las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico en el marco de una acción popular interpuesta por los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha.
El personero distrital de Barranquilla, Miguel Ángel Álzate, celebró los avances logrados, destacando que estas decisiones judiciales están generando importantes cambios en la regulación y gestión de los servicios públicos en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Álzate subrayó que los esfuerzos realizados, incluyendo la intervención de la empresa Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, se están materializando rápidamente. Según el personero, estas medidas apuntan directamente a la modificación del marco regulatorio que originó las altas tarifas en la región, en particular el régimen tarifario especial que permitió la llegada de las empresas Air-e y Afinia.
«Antes estábamos en una bicicleta estática, pero ahora estamos en un carro de carreras«, expresó Álzate, aludiendo al progreso en la implementación de las medidas cautelares que ya están dando frutos. Destacó que antes de finalizar el año podría estar avanzándose hacia el desmonte de dicho régimen especial, lo cual permitirá una reducción significativa de los costos para los usuarios de energía.
Medidas que impactan la tarifa y la calidad del servicio
El personero también explicó que, tras la audiencia de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) realizada en Barranquilla, se expidió un acto administrativo con 13 medidas orientadas a transformar la realidad tarifaria en la región Caribe. «Estamos hablando del principio del fin del régimen especial», aseguró, citando los autos 354 y 355 expedidos por la CREG.
Álzate subrayó que estas medidas afectan todos los componentes de la tarifa, desde la generación hasta la comercialización de la energía. Además, destacó que la CREG se ha encargado de tomar las decisiones que antes parecían competencia de otras entidades, asegurando que son las únicas facultadas para resolver este problema estructural.
El personero hizo énfasis en que la acción popular presentada por las personerías de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha tenía como objetivo principal proteger un derecho colectivo: el acceso a un servicio de energía eléctrica eficiente, oportuno y con tarifas justas. «Las altas tarifas se convirtieron en una barrera para que los ciudadanos pudieran acceder a un servicio básico de calidad», explicó, destacando que la vulneración de este derecho estaba afectando gravemente a las familias de la región.
En este sentido, el Tribunal Administrativo del Cesar admitió una acción popular contra la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y las empresas Air-e y Afinia, buscando corregir los «cobros excesivos» del servicio de energía eléctrica y garantizar un acceso justo a este servicio esencial. Según los abogados que actúan como apoderados de los contralores del Caribe, Wilson Ruiz Orejuela y Helton Gutiérrez González, el objetivo es «reparar una injusticia social» y asegurar que los ciudadanos de la región puedan disfrutar de tarifas justas y un servicio de calidad.
Impacto en las familias del Caribe
Las cifras presentadas en la acción popular revelan que, en algunos casos, las facturas de energía han superado el salario mínimo, afectando especialmente a hogares de bajos ingresos. La falta de infraestructura adecuada y los constantes cortes de energía, consecuencia de la ineficiencia de las empresas prestadoras del servicio, han agravado la situación de las familias en la región.
Los demandantes aseguran que es «inaceptable» que los derechos fundamentales de la ciudadanía sean vulnerados por la ineficiencia de las empresas encargadas de la prestación de los servicios públicos. «No podemos permitir que los ciudadanos sigan pagando tarifas desorbitantes por un servicio deficiente«, concluyeron los abogados en su declaración.
A medida que las acciones legales y las medidas de la CREG siguen su curso, los habitantes del Caribe colombiano esperan que los esfuerzos continúen en la dirección correcta, con la esperanza de ver una reducción en las tarifas de energía y una mejora en la calidad del servicio. La batalla por los derechos de los usuarios está lejos de terminar, pero los avances recientes dan esperanza de que, en el mediano plazo, la situación pueda mejorar sustancialmente para miles de familias de la región.
