El Consejo de Estado ratificó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló el nombramiento de Andrés Camilo Hernández Ramírez como consejero de relaciones exteriores en México.
La decisión fue tomada tras evidenciarse que el nombramiento no cumplía con los principios de mérito y carrera administrativa establecidos por la ley para cargos diplomáticos. Según la sentencia, se vulneraron normas que exigen el respeto a los mecanismos de acceso por concurso a la carrera diplomática y consular.
Además, el alto tribunal exhortó al Ministerio de Relaciones Exteriores a abrir procesos de selección por mérito que garanticen transparencia y el fortalecimiento institucional del servicio exterior colombiano.
“El nombramiento de personas sin carrera diplomática en cargos clave afecta la legitimidad del servicio exterior y vulnera los derechos de quienes sí han cumplido con los procesos establecidos por ley”, señaló el fallo.
Más allá del fallo: ¿clientelismo diplomático o excepción institucional?
Aunque se trata de una anulación puntual, el caso de Hernández Ramírez no es aislado. Refleja una tendencia histórica en Colombia: la asignación de cargos diplomáticos como cuotas políticas o favores personales, en detrimento de la profesionalización del servicio exterior.
El llamado del Consejo de Estado al Ministerio de Relaciones Exteriores no es solo un trámite judicial. Es un mensaje institucional fuerte que cuestiona la forma como se están manejando las designaciones internacionales y exige una reforma estructural que blinde la diplomacia de la politiquería.
En un contexto global cada vez más complejo, Colombia necesita diplomáticos preparados, no aliados políticos con pasaporte oficial. El reto ahora es que el Gobierno tome esta decisión como punto de partida para revisar a fondo cómo y por qué se están nombrando sus representantes en el exterior.
