martes, octubre 22, 2024

Contraloría General de la República detectó inconsistencias por más de $60 billones en el presupuesto 2023

La Contraloría General de la República ha emitido una opinión no razonable sobre la ejecución del Presupuesto General de la Nación para 2023, tras descubrir inconsistencias que superan los $60 billones. El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, informó que esta revisión abarcó el 89,8 % del presupuesto evaluado, que inicialmente se fijó en $405,63 billones y fue ajustado a $423 billones.

A pesar de este ajuste, no se logró ejecutar la totalidad del presupuesto adicional, lo que resultó en una pérdida de apropiación. Según el informe, los recaudos netos en efectivo alcanzaron $399 billones, lo que representa el 94,2 % de lo estimado.

El contralor también destacó que, al cierre de 2023, la deuda total del sector público ascendió a $1.020,7 billones, equivalente al 64,9 % del PIB. Esto refleja una disminución de $16,8 billones (1,6 %) en comparación con el año anterior, atribuida en parte a un ajuste cambiario que redujo el saldo de la deuda externa en $96,6 billones.

La composición de la deuda en 2023 se desglosa de la siguiente manera:

  • Gobierno Nacional Central (GNC): $826 billones (52,5 % del PIB).
  • Entidades descentralizadas nacionales: $106 billones (6,7 % del PIB), con Ecopetrol como principal prestatario.
  • Entidades descentralizadas territoriales: $58 billones (3,7 % del PIB), con el Grupo EPM y el Grupo de Energía de Bogotá como los mayores deudores.
  • Departamentos y municipios: $30,86 billones (2,0 % del PIB), siendo Bogotá y Barranquilla los más endeudados.

En cuanto a las auditorías, el Balance General de la Nación de 2023 incluyó 350 entidades, mientras que el Balance de la Hacienda Pública abarcó 3.948 entidades, incluyendo las nacionales, territoriales, el Banco de la República y el Sistema General de Regalías.

El contralor concluyó señalando que se establecieron lineamientos para abordar riesgos significativos, como la auditoría de entidades con patrimonio negativo y la evaluación de saldos pendientes entre entidades, reflejando un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.

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