La propuesta de implementar una «estampilla» o recargo al servicio de transporte de gas natural ha encendido las alarmas en la Región Caribe.
El proyecto de ley, actualmente en discusión en el Congreso, podría traducirse en un aumento significativo en las facturas del servicio de gas domiciliario, afectando especialmente a los hogares del norte del país.
De acuerdo con estimaciones de Ramón Dávila, gerente general de Gases del Caribe, si esta medida se aprueba, los usuarios de la Costa Caribe podrían enfrentar un incremento del 20% al 30% en sus facturas de gas. Este servicio, que hasta ahora ha sido uno de los más económicos para los hogares de la región, se convertiría en otro factor de presión sobre el bolsillo de miles de familias.
«Uno de los servicios más económicos que tenemos en la región es el gas. Si llega a aprobarse el proyecto de ley, se estima que la factura aumentaría entre un 20% y un 30% para los usuarios de la Costa Caribe», señaló Dávila.
Una medida regresiva para una región vulnerable
El argumento detrás del proyecto es redistribuir los costos del transporte del gas a través de una especie de estampilla, cuyo recaudo buscaría beneficiar la infraestructura energética en otras zonas del país. Sin embargo, críticos de la medida advierten que este modelo implicaría que los hogares del Caribe terminen subsidiando al resto del país, especialmente al interior, donde ya existen condiciones socioeconómicas más favorables.
La molestia ha escalado en redes sociales, donde se ha posicionado la consigna: «¡Basta ya de sacrificar a la Costa Caribe!»
Además, expertos y líderes de opinión han señalado que el estrato 3 en la Costa Caribe no representa el mismo poder adquisitivo que en otras regiones, y que decisiones como esta solo profundizan las brechas sociales y económicas del país.
¿Por qué es controversial la propuesta?
- Aumento en la factura: Un alza del 20-30% impactaría directamente el costo de vida.
- Inflación regional: El gas es insumo clave para hogares, comercio e industria. Su encarecimiento afectaría cadenas de producción y empleo.
- Inequidad territorial: El proyecto beneficiaría al interior a costa de una de las regiones con mayores indicadores de pobreza.
- Modelo energético poco sostenible: Críticos consideran que es más urgente fortalecer la producción nacional de gas que importar o aumentar tarifas por transporte.
En palabras de quienes se oponen a esta medida, la solución no debe ser imponer cargas adicionales a los usuarios más vulnerables, sino buscar un modelo de distribución energética equitativo, sostenible y verdaderamente nacional, que considere las particularidades económicas de cada región.
La discusión apenas comienza, pero el mensaje desde el Caribe es claro: no están dispuestos a seguir pagando los costos de un modelo centralista que parece no entender la realidad de sus habitantes.
