Una red de papel, tinta… y mucha plata mal movida. La Fiscalía General destapó tremenda olla en Barranquilla al judicializar a cinco personas —incluido un juez de pequeñas causas— por presuntamente haber armado un entramado para tramitar y cobrar irregularmente más de 2.500 títulos judiciales. Así como lo lee.
En la lista negra están: el juez Rafael Eduardo Castillo González, su exsecretario Dair Enrique Cuadro Crespo, el abogado Breiner Leonardo Gómez Cuadro y dos particulares. ¿El botín? Nada menos que $2.000 millones, sustraídos entre 2016 y 2022 gracias a maniobras que ni en una serie de Netflix.
Según la Fiscalía, el grupo hacía y deshacía con los títulos judiciales, autorizando pagos a personas sin ninguna relación con los procesos, usando huellas, documentos dudosos y, claro, buenos contactos en el juzgado. Todo, mientras el dinero salía como por arte de magia del despacho del juez.
Los cargos imputados: concierto para delinquir y peculado por apropiación. Spoiler: ninguno aceptó los cargos. Sin embargo, tres de los implicados —incluido el abogado y el exsecretario— ya están tras las rejas. El juez Castillo, eso sí, cumplirá la medida en casa, sin necesidad de toga.
La novela apenas comienza y promete más capítulos. Por ahora, los títulos que esta red manejaba no eran precisamente honoríficos.
