Este miércoles se conoció la noticia contenida en la resolución 425 del 15 de octubre de la Presidencia de la República, que marca un avance significativo en los diálogos sociojurídicos entre el Gobierno Nacional y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. La resolución ha desatado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación sobre el nombramiento de Carmen Evelio Castillo, alias ‘Muñeca’; César Becerra, alias ‘Camilo’; y Norberto Quiroga, alias ‘Beto’ o ‘5.5’.
Contrario a lo que se ha difundido, la resolución no los designa como Gestores de Paz, sino que les otorga el estatus de miembros representantes, lo que implica un rol de negociadores con responsabilidades y compromisos distintos a los de un gestor.
Para aclarar esta diferencia, Versión Pública.com consultó al investigador y Defensor de Derechos Humanos, Lerber Dimas. Según Dimas, un Gestor de Paz, como el caso de Salvatore Mancuso, se limita a facilitar el diálogo entre las partes en conflicto. En cambio, un miembro representante, reconocido por la resolución, tiene la capacidad de tomar decisiones y negociar en el contexto de los diálogos sociojurídicos.
“Los jefes paramilitares que han sido nombrados como miembros representantes asumen responsabilidades directas por las acciones de su organización. Esto significa que los delitos cometidos recaerán sobre ellos, y deben demostrar voluntad en el proceso”, explicó Dimas.
Así, se aclara que es incorrecto referirse a Castillo, Becerra y Quiroga como Gestores de Paz; son, en realidad, negociadores con un papel activo en los diálogos y obligaciones jurídicas que deben cumplir. La resolución 425 establece, por tanto, un marco claro para el futuro de las negociaciones, subrayando la importancia de la responsabilidad en el camino hacia la paz.
