Por Álvaro Cotes Córdoba
Según una investigación de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en apenas 18 meses, la alcaldía ha gastado $8.479 millones en publicidad oficial, superando en más de $3.000 millones el total reportado en las administraciones anteriores combinadas.
Esta cifra, equivalente a 14 millones de pesos diarios, ha desatado críticas sobre la transparencia y el uso de recursos públicos en una ciudad que enfrenta una crisis histórica de abastecimiento de agua.
El 2025 marcó medio milenio desde la fundación de Santa Marta, y el Ministerio de Culturas ha impulsado un proyecto para recolectar 500 historias y fotografías que reflejen su rica historia, cultura y resistencia, con una convocatoria abierta hasta el 12 de diciembre.
Sin embargo, las festividades de Santa Marta, (fiesta del mar y conmemoración de los 500 años) de vieron empañadas por los gastos excesivos como el contrato disfrazado con una entidad de Bucaramanga por más de 12 mil millones de pesos y ahora las revelaciones de FLIP, que señala que el dinero destinado a exaltar los logros de la administración de Pinedo podría haber financiado soluciones urgentes, como la operación de más de 100 carrotanques para mitigar la escasez de agua, un problema que afecta a miles de hogares.
La investigación detalla que entre enero de 2024 y julio de 2025, la alcaldía firmó 39 contratos directos con 27 empresas por un valor total de $8.500 millones. El grupo de medios «Hoy Diario del Magdalena» y «Radio Hoy» lidera el ranking con $2.140 millones (25,2% del total), seguido por «Ajá y Qué» ($810 millones), «Opinión Caribe» ($705 millones), «Radio Magdalena» ($565 millones) y «Bird Marketing» ($550 millones). Todos estos contratos, celebrados bajo la modalidad de contratación directa, han generado sospechas sobre posibles favoritismos y falta de competencia.
Más allá de los montos, FLIP denuncia que desde diciembre de 2024, la pauta oficial incluye «productos especiales» no identificados como publicidad, como un cuadernillo de 24 páginas en «Hoy Diario del Magdalena» y un artículo de cinco páginas con un evento en la revista «Semana». Esta práctica, según la organización, contraviene el Artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), que exige que los recursos de publicidad oficial se usen exclusivamente para informar a la ciudadanía sobre programas y políticas públicas, bajo principios de transparencia y austeridad.
«Estos recursos deberían destinarse a resolver problemas reales, no a inflar la imagen de una administración», afirmó un vocero de FLIP, quien destacó que el gasto en publicidad supera con creces los $1.300 millones de Rafael Martínez (2017-2018) y los $5.000 millones de Virna Johnson (2020-2023) en períodos similares.
Ante estas irregularidades, FLIP ha hecho un llamado urgente a la Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) y la Contraloría General de la República (@CGR_Colombia) para que realicen un control disciplinario y fiscal exhaustivo. La organización exige que se investigue el uso de estos fondos y se garantice que la publicidad oficial cumpla con su función legal, evitando el uso político de recursos públicos.
La ciudadanía, por su parte, ha comenzado a alzar la voz. Activistas locales señalan que mientras los medios destacan los «logros» de Pinedo, las calles de Santa Marta siguen enfrentando cortes de agua prolongados. «Es una burla gastar tanto en publicidad cuando no tenemos agua para beber», expresó María Pérez, vecina del barrio Pescaíto.
El caso de Santa Marta no es aislado. FLIP ha documentado casos similares en otras regiones, como Guaviare, donde también se han identificado excesos en el gasto de publicidad oficial. Además, el contraste con prácticas internacionales, como las cláusulas de waivers en contratos de empresas estadounidenses (ejemplo: Hoth Therapeutics), resalta la falta de salvaguardas en los acuerdos locales, que parecen priorizar intereses privados sobre el bien común.
A pocos meses de que termine el año conmemorativo, Santa Marta se encuentra en un cruce de caminos: entre la celebración de su legado histórico y la necesidad de responder por un manejo cuestionable de los fondos públicos. La respuesta de las autoridades será clave para determinar si los 500 años de la ciudad marcan un renacimiento o un retroceso en la confianza ciudadana.
