El Tribunal Superior de Bogotá emitió un fallo de 38 páginas que sustenta la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, criticando con severidad los argumentos de la juez 44 Penal del Circuito, Sandra Liliana Heredia, quien había ordenado prisión domiciliaria al exmandatario.
Los magistrados calificaron los fundamentos de la juez como subjetivos, imprecisos, ambiguos y desproporcionados, y cuestionaron la lógica detrás de su decisión. Según el fallo, no se justificó la necesidad de privar de la libertad a Uribe para garantizar la convivencia pacífica o el orden social.
Entre los puntos más destacados del Tribunal:
- Criterios vagos e imprecisos: La juez fundamentó la medida en percepciones ciudadanas, efecto ejemplarizante y el impacto en la convivencia, sin demostrar cómo la conducta de Uribe afectaba al conjunto de la sociedad.
- Subjetividad en la peligrosidad: Señalar a Uribe como peligroso por su reconocimiento público constituye una apreciación subjetiva, que el Tribunal considera incompatible con el derecho penal colombiano.
- Desconocimiento del principio de igualdad y presunción de inocencia: La privación anticipada de libertad, argumentada en supuestas preocupaciones sociales, vulnera la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia hasta que la condena sea ejecutoriada.
- Argumentos genéricos y sin pruebas: La juez no presentó evidencias objetivas que justificaran la captura, limitándose a afirmaciones ambiguas y subjetivas, sin evaluar adecuadamente proporcionalidad, necesidad y razonabilidad.
- Ausencia de riesgo de fuga: No existían indicios de que Uribe pretendiera evadir la justicia, dado su historial de informar y regresar tras viajes internacionales durante el proceso.
- No se demostró intención de fuga: Tampoco había pruebas de que buscara asilo o refugio en el extranjero; la medida preventiva se sustentó únicamente en su reconocimiento social, lo cual el Tribunal consideró insuficiente.
Aunque Uribe fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión por fraude procesal y soborno en actuación penal, el Tribunal recordó que prevalece la presunción de inocencia hasta que la sentencia sea definitiva, y por ello suspendió provisionalmente su privación de libertad mientras se resuelve la apelación en segunda instancia.
El fallo marca un revés judicial para la decisión inicial y refuerza la discusión sobre la proporcionalidad y fundamentación de las medidas de aseguramiento en casos de alto perfil político.
