En una decisión que marca un giro en la estrategia de seguridad urbana, el presidente Gustavo Petro designó al ministro del Interior, Armando Benedetti, como encargado de liderar un posible proceso de negociación con las estructuras criminales lideradas por Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Digno Palomino, quienes controlan redes de extorsión, homicidios y tráfico ilegal en la región Caribe.
La designación fue revelada durante una reunión de trabajo celebrada este lunes en Casa Catinchi, en Barranquilla, patrimonio arquitectónico recuperado durante la administración de Elsa Noguera. En el encuentro participaron el secretario de Seguridad del Distrito, Yesid Turbay, y el secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque.
El planteamiento es claro: iniciar un proceso exploratorio, con respaldo institucional, que permita abrir un camino hacia la pacificación de estas bandas. La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) asumirá la tarea de caracterizar a los grupos delincuenciales y sostener reuniones privadas con sus jefes para conocer sus intenciones sobre un eventual desarme y cese de la violencia.
“Hay que evitar repetir los errores de otros procesos fallidos. Esta vez debe hacerse con claridad, institucionalidad y garantías para todos”, habría señalado Benedetti durante la sesión, según trascendió.
Como parte del compromiso estatal, se conformará un comité de alto nivel, integrado por los ministros de Justicia, Eduardo Montealegre, y de Defensa, Pedro Sánchez, quienes trabajarán en políticas públicas que respalden jurídicamente una eventual mesa de diálogo.
Un proceso con más de 2.000 vidas en juego
El alcance de esta posible negociación es amplio. Según el gobernador Eduardo Verano, las dos estructuras criminales involucradas agrupan a más de 2.000 integrantes, incluyendo adultos, adolescentes e incluso niños, que son instrumentalizados como “cachorros” por los cabecillas. Cada uno recibe un pago mensual para ejecutar tareas delictivas bajo el mando de jefes de zona.
Por ahora, las administraciones distrital y departamental se comprometieron a poner en marcha los programas necesarios para facilitar las condiciones sociales y territoriales del diálogo. La intención, según fuentes oficiales, es desactivar las economías ilegales, frenar la violencia urbana y desmontar progresivamente el poder armado de estas estructuras.
Este posible proceso de paz local —que podría ser el primero de su tipo con estructuras criminales no insurgentes bajo este gobierno— genera tanto expectativas como escepticismo. El reto será inmenso: negociar sin impunidad, garantizar verdad y reparación, y evitar que lo que hoy se disuelve en acuerdos reaparezca mañana más fuerte.
