La organización se habría apropiado de 850 millones de pesos de las víctimas, que eran contactadas para ofrecerles inmuebles y terrenos administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación permitió la judicialización de cinco presuntos integrantes de una red delincuencial que estaría involucrada en la estafa a población víctima del conflicto armado y madres cabeza de hogar, con la supuesta venta de bienes administrados por el Estado en varios municipios del Valle del Cauca.
Se trata de Álvaro José Correa Jaramillo, Gerardo Antonio Carvajal, José Eliécer Torres Camilo, Julio César González Ruíz y Andrés Felipe Herrera Jiménez, a quienes un fiscal de la Seccional Cali les imputó los delitos de concierto para delinquir y estafa agravada.
De acuerdo con la investigación, estas personas se habrían concertado para vender ilegalmente casas, apartamentos, fincas y terrenos para proyectos productivos, entre otros bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Para lograrlo, utilizaban documentos falsos como escrituras públicas, cartas catastrales, planos topográficos, promesas de venta, certificados de tradición y contratos de corretaje.
El material probatorio indica que contactaban a las víctimas —entre las que también se encontraban fundaciones sin ánimo de lucro— y las atraían con supuestas visitas a los lugares para establecer los precios de los inmuebles. Además, recaudaban dinero bajo la fachada de “aportes voluntarios” que serían utilizados para financiar papelería, escrituras, contratos y autenticaciones notariales que acompañarían la compra.
Estas actividades ilegales se estarían adelantando en Jamundí, Palmira, Guacarí, Tuluá, Buga y San Pedro. Los procesados se habrían apropiado de aproximadamente 850 millones de pesos en 16 eventos, ocurridos entre junio de 2020 y enero de 2024.
- Álvaro José Correa Jaramillo sería el presunto cabecilla del grupo y articulador de las actividades ilícitas.
- Gerardo Antonio Carvajal, en calidad de abogado, se encargaría de tramitar los contratos y contactar a las víctimas.
- José Eliécer Torres Camilo presuntamente conseguía los planos topográficos de los bienes.
- Julio César González Ruíz sería quien recaudaba los dineros y firmaba los supuestos contratos.
Cuatro de los procesados fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento adelantadas por funcionarios del CTI, con apoyo de uniformados de la Policía y el Ejército Nacional, en viviendas ubicadas en Cali.
Por su parte, Andrés Felipe Herrera Jiménez fue notificado en el centro carcelario donde se encuentra privado de la libertad por otros hechos.
Durante los operativos judiciales fueron incautados:
- 2 computadores
- 1 tablet
- 3 memorias USB
- 9 celulares
- 5 agendas
- 5 carpetas con documentos como cartas catastrales, certificados de tradición, promesas de venta y documentación con logos de entidades del Estado.
En las audiencias concentradas, los procesados no aceptaron los cargos, y por disposición de un juez de control de garantías, tres de los imputados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Por su parte, Gerardo Antonio Carvajal y Julio César González Ruíz cumplirán la medida en lugar de residencia.
