La declaratoria de emergencia invernal emitida por la Gobernación del Atlántico para acelerar las obras de mitigación en el Canal del Dique enfrenta un panorama incierto en el sur del departamento. Según Gustavo de la Rosa, líder comunitario del municipio de Suán, las obras se encuentran paralizadas debido a la exigencia de estudios de impacto ambiental por parte de la ANLA, condición que —asegura— no había sido mencionada previamente.
De la Rosa explicó que, tras conversaciones con funcionarios de la firma Sacyr, encargada de ejecutar las obras, se confirmó que la empresa está a la espera de la autorización de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad contratante, para iniciar los trabajos. Sin embargo, el proceso para obtener la licencia ambiental y completar los estudios requeridos podría tomar hasta 14 meses, lo que pondría en riesgo el inicio de las obras durante el actual gobierno.
Además, la comunidad expresó su preocupación por recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien habría señalado en un Consejo de Ministros que la obra del Canal del Dique representa un beneficio para los «ricos de Cartagena» y que podrían ser estos quienes deban financiarla a través de impuestos de valorización. De la Rosa rechazó esta visión, argumentando que las poblaciones más vulnerables del Atlántico y Bolívar son las principales beneficiarias del proyecto, y que la mayoría de los predios afectados pertenecen a familias campesinas y no a grandes empresarios.
Uno de los puntos críticos señalados por el líder es un tramo de la vía entre el puente de Calamar y Villarosa, frente a la caseta 6 del distrito de riego, que no fue incluido en los inventarios de intervención del Fondo de Adaptación tras la tragedia de 2010. Este sector ha sido históricamente vulnerable a rupturas del canal y, según la comunidad, urge ser intervenido por Sacyr.
Ante la falta de avances concretos, las comunidades del sur del Atlántico planean acudir al gobernador del departamento y a los congresistas de la región para exigir que se destraben los trámites con la ANI y se garantice el inicio de las obras sin nuevos condicionamientos que pongan en riesgo la seguridad de la población.
