Por las tardes, cuando el sol cae con furia sobre el asfalto inacabado del Corredor Universitario, los comerciantes de Le Champ apenas alcanzan a barrer el polvo que se acumula en la entrada de sus negocios. Los clientes ya no llegan como antes. Y los que llegan, se quejan.
Así viven desde hace más de un año los propietarios y empleados de los 58 establecimientos –entre locales, islas y cajeros automáticos– que sobreviven en este centro comercial ubicado entre Barranquilla y Puerto Colombia, justo al lado de una obra de ampliación que parece no tener fin.

Lo que en papel prometía ser una mejora en la movilidad y desarrollo urbano, en la práctica se ha convertido en una pesadilla para muchos. El retraso de cerca de un año en la ejecución de la segunda fase del Corredor Universitario ha desatado una cadena de consecuencias que va desde pérdidas económicas hasta problemas de salud. “El polvo entra por todos lados, afecta los productos, la salud de los empleados… y los carros de los clientes ya no aguantan más huecos”, reclama una comerciante que prefiere no dar su nombre, mientras sacude con resignación una silla vacía.
Una obra a medias, muchas promesas
La segunda fase de la Gran Vía, que incluye el deprimido vehicular, un puente peatonal y una glorieta, tiene como fecha de entrega el 30 de junio de 2026. Según Edubar, la entidad encargada del proyecto, ya se ha avanzado en un 70%, especialmente durante el último mes, con trabajos intensos de pavimentación y redes de servicios públicos. El deprimido, sin embargo, va más lento: apenas alcanza un 43% y se espera que esté listo en enero del próximo año.
Pero mientras algunos hablan de avances, otros advierten sobre riesgos. El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga ha puesto el dedo en la llaga: la obra no solo va retrasada, sino que acumula sobrecostos que aún no se cuantifican del todo. Y lo más grave: las obras estructurales de la primera etapa ni siquiera se han iniciado.
“La ejecución de la segunda fase no supera el 30% en algunas áreas y hay problemas serios con los recursos, los contratistas y los diseños”, explicó Zuluaga. Por ahora, la Contraloría espera la documentación completa de la Gobernación del Atlántico para determinar si hay lugar a una investigación de tipo fiscal. Pero sin liquidación del contrato, el proceso está en pausa.

¿Dónde está el dinero?
La raíz del problema parece estar en una cifra: 12 mil millones de pesos. Ese es el déficit que ha frenado buena parte de la ejecución y que se suma a una inversión ya acumulada de 109 mil millones. A esto se añaden los problemas con el contratista, ajustes de diseño y retrasos del interventor.
Mientras tanto, los comerciantes hacen cálculos que no cuadran. Algunos hablan de cerrar, otros resisten con promociones o reduciendo personal. “No nos están matando de un tiro, nos están asfixiando lento”, dice un empleado que antes atendía a más de 40 personas al día y ahora pasa horas mirando la calle vacía.
Porque más allá del cemento, los muros y las cifras, lo que está en juego aquí son vidas. Familias. Pequeños negocios que ven pasar los días entre promesas incumplidas y el ruido de una maquinaria que no alcanza a tapar el silencio de los clientes que ya no llegan.