La Corte Suprema de Justicia decidió archivar la investigación que se adelantaba contra el senador del Partido Conservador, Óscar Barreto, por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, relacionado con la construcción de un colegio en el departamento del Tolima durante su gestión como gobernador.
Según determinó el alto tribunal, no se encontraron evidencias que acreditaran que Barreto incurrió en irregularidades contractuales en el proceso de ejecución de la obra educativa, lo que llevó a cerrar el expediente de manera definitiva.
Con esta decisión, el senador queda libre de cargos en este caso específico, lo que representa un alivio jurídico para su carrera política en el Congreso. La investigación había generado atención por tratarse de presunta corrupción en contratación pública, un tema sensible en el panorama político nacional.
En la investigación se reprochaba que Barreto hubiera convertido un centro de eventos en Saldaña, Tolima en un megacolegio, en dónde hoy funciona la Institución Educativa Técnica Roberto Leyva.
Los denunciantes aseguraban que la inversión y dotación para ese colegio era insuficiente. Además, los padres de familia se quejaban de que el traslado del colegio iba a ser de la cabecera del municipio a las afueras, por lo que iba a representar mayor peligro para los estudiantes.
Según la Corte, Barreto no incurrió en irregularidades
Luego de analizar el caso, la Corte determinó que las instalaciones el colegio fueron recibidas sin ninguna objeción por parte de la Secretaría de Educación y no se hizo ninguna obra adicional.
“En punto de las instalaciones hidráulicas y sanitarias del referido colegio, estas se encontraban previstas desde los estudios previos, y tanto es así que en la entrega y recibo de la misma a satisfacción no se aludió a ningún problema de esta índole, lo cual habria implicado la celebración de un contrato adicional para resolver el punto, lo que obviamente no ocurrió”, indicó la investigación.
Asimismo, para la Corte si bien en un inicio la Contraloría consideró que había existido un detrimento patrimonial, posteriormente cambió su posición inicial, cuando la misma entró en funcionamiento, y tras constatar en forma debida el cumplimiento de los fines de la contratación estatal, y la ausencia de tal afectación de recursos públicos.
