Con el objetivo de dinamizar el sistema penal acusatorio, reducir los tiempos de respuesta judicial y reforzar el papel de las víctimas dentro del proceso penal, entró en vigencia la Ley 2477 de 2025, una reforma clave que modifica aspectos sustanciales del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal en Colombia.
La normativa, sancionada por el presidente Gustavo Petro el pasado 11 de julio, es resultado de un trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia, y busca restablecer el equilibrio entre eficacia procesal, celeridad y garantías constitucionales, incluyendo una mayor protección a las víctimas.
“La ley representa una transformación estructural que potencia los mecanismos de terminación anticipada del proceso penal, sin dejar de lado la reparación integral de los daños causados a las víctimas”, explicó la Fiscalía en un comunicado oficial.
¿Qué cambia con la Ley 2477 de 2025?
✔ Reparación como forma de extinción penal
Uno de los puntos más destacados de la nueva ley es la inclusión de un artículo que permite la extinción de la acción penal cuando el imputado o acusado repare integralmente a la víctima por determinados delitos. Esta figura será válida solo para casos especificados por la norma, y su propósito es impulsar la justicia restaurativa y la reparación oportuna, sin llegar necesariamente a juicio.
✔ Prueba anticipada sin trabas innecesarias
La ley también flexibiliza la práctica de pruebas anticipadas, permitiendo su realización sin necesidad de justificar motivos fundados o extrema necesidad en investigaciones sensibles, como:
- Delitos sexuales
- Explotación sexual infantil y turismo sexual
- Actos cometidos por miembros de grupos armados ilegales o estructuras criminales organizadas
Esto permitirá proteger pruebas clave y reducir el riesgo de impunidad por pérdida de testigos o evidencia.
✔ Principio de oportunidad más accesible
Otro cambio central está relacionado con el principio de oportunidad, que ahora podrá aplicarse desde la fase de indagación previa, antes de la imputación formal. Además, se eliminó la exigencia de aprobación por parte de la Fiscal General de la Nación para delitos con penas superiores a 6 años de prisión, lo cual descentraliza y agiliza las decisiones de los fiscales.
Este principio también obligará a practicar como prueba anticipada el testimonio del beneficiado, con el fin de garantizar su disponibilidad en caso de que sea requerido en juicio.
✔ Nuevos tiempos en prescripción y medidas de aseguramiento
La reforma también toca aspectos críticos del proceso penal:
- Suspensión de la prescripción de la acción penal por tres años una vez se apruebe un principio de oportunidad.
- Extensión de la medida de aseguramiento preventiva por un término adicional en casos de homicidio contra menores y feminicidio.
✔ Beneficios limitados para delitos de alto impacto
Para delitos graves como terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y sus conexos, la ley establece que en caso de preacuerdos o allanamiento a cargos, la rebaja de pena no podrá exceder del 50%, endureciendo el tratamiento para estos crímenes y buscando evitar abusos en negociaciones procesales.
Una apuesta por el equilibrio
La Fiscalía valoró la reforma como un “ajuste necesario para garantizar un sistema penal eficiente, restaurativo y centrado en las víctimas”. La Ley 2477 de 2025, además de brindar nuevas herramientas procesales a los operadores judiciales, también busca descongestionar los despachos y reducir la mora judicial, uno de los mayores retos del sistema penal colombiano.
¿Qué sigue?
Con la entrada en vigencia de esta norma, se espera que la Fiscalía emita lineamientos internos para su aplicación uniforme y que jueces, defensores y víctimas comiencen a adaptarse a este nuevo marco. Para muchos expertos, este es un paso significativo hacia un sistema más ágil y humano, pero advierten que el verdadero cambio dependerá de la formación, implementación rigurosa y monitoreo continuo de la reforma.
