Un grupo de legisladores federales y estatales de Florida difundió un inquietante testimonio tras la primera visita oficial al centro de detención para migrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, inaugurado el pasado 1 de julio en los Everglades por el gobierno de Donald Trump. La instalación, rodeada de caimanes, cocodrilos y pitones, ha sido objeto de denuncias por presuntas violaciones a los derechos de las personas detenidas.
Legisladores denuncian severas irregularidades
Legisladores como la congresista Debbie Wasserman Schultz calificaron el lugar como un “campo de concentración”, alertando sobre 32 personas encierro en cada jaula, condiciones insalubres, baños compartidos con fuentes de agua y espacios tan estrechos que los migrantes llegan a cepillarse los dientes donde también van al baño.
Otro senador estatal, Carlos Guillermo Smith, afirmó haber presenciado temperaturas superiores a los 28 °C, hacinamiento y falta de acceso directo a los detenidos.
Migrantes y sus familiares han aportado testimonios sobre gusanos en la comida, inodoro desbordados, falta de duchas y comunicación limitada con abogados. El reguetonero cubano conocido como «La Figura», recluido en el centro, incluso denunció: “Nos tratan como perros… los mosquitos son del tamaño de elefantes”.
Defensa oficial: condiciones acordes a normas
En defensa de la instalación, funcionarios estatales y federales aseguraron que el centro cumple con los estándares requeridos. Stephanie Hartman, de la División de Emergencias de Florida, afirmó que las acusaciones son “completamente falsas” y que los detenidos reciben tres comidas al día, agua ilimitada, duchas y atención médica. Por su parte, el senador republicano Blaise Ingoglia afirmó que las instalaciones estaban limpias, climatizadas y bien mantenidas.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó que estas denuncias son “vergonzosas” y defendió que los migrantes cuentan con acceso a atención médica, comunicación con abogados y trato digno.
Controversia política y legal
La visita oficial fue precedida por una demanda legal de legisladores demócratas que habían sido previamente negados para ingresar al centro, argumentando violación de su derecho de supervisión. Después de negociaciones, se permitió un recorrido curado por las autoridades, que incluía zonas vacías y no acceso a las áreas más críticas .
El centro, levantado en apenas ocho días y con un costo estimado de 450 millones de dólares al año, es promocionado por el gobierno como un modelo para contener y procesar migrantes, con una proyección de capacidad para 3.000 a 5.000 personas.
Mientras tanto, activistas, representantes locales como la alcaldesa de Miami-Dade Daniella Levine Cava, y organizaciones ambientales y de derechos humanos exigen su cierre inmediato y advierten sobre su impacto ambiental y sobre la violación de derechos fundamentales .
Este caso deja en evidencia una profunda polarización: mientras el gobierno de Florida y Washington defienden el sistema, los opositores denuncian un esquema de exclusión y maltrato que debe ser investigado. El centro podría convertirse en un precedente en políticas migratorias y de derechos humanos, en un país dividido entre seguridad y dignidad.
