Barranquilla no solo enfrenta retos de seguridad en sus calles, también los vive en silencio tras las rejas. La Contraloría General de la República reveló que la capital del Atlántico se encuentra entre las tres ciudades con mayor hacinamiento en Centros de Detención Transitoria (CDT) del país, junto a Bucaramanga y Quibdó. La cifra es alarmante: la sobrepoblación supera el 500%.
Aunque la capacidad de las estaciones de Policía en la ciudad es de 310 personas, actualmente albergan más del doble: 757 internos, según datos publicados el 23 de junio por el medio Zona Cero. Esta situación no solo vulnera derechos fundamentales, sino que pone en jaque el sistema judicial, sanitario y penitenciario del país.
🚨La Contraloría evidenció graves retrasos en obras carcelarias que, según el Auto 1️⃣7️⃣4️⃣5️⃣ de 2024 de la @CConstitucional, debían estar listas antes del 2️⃣1️⃣ de abril.
— Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) July 8, 2025
📌Evidenció incumplimientos en obras como bloques de alojamiento en Ipiales, calderas en La Picota, portal de… https://t.co/uOjreD05yK pic.twitter.com/zwbacjeSED
Violaciones estructurales a los derechos humanos
En un reciente informe, la Contraloría fue tajante: lo que ocurre en los CDT no es un hecho aislado, sino una violación estructural, generalizada y continua a los derechos de las personas privadas de la libertad. Durante visitas a centros de detención en todo el país, se detectaron condiciones críticas: hacinamiento extremo, brotes sanitarios sin atención adecuada, nula oferta de programas de resocialización y fallas graves en el acceso a la justicia.
Además, muchos de los detenidos en estos espacios ya han recibido condenas judiciales y deberían haber sido trasladados a cárceles del sistema penitenciario. Sin embargo, algunos llevan hasta siete meses esperando ese traslado en espacios concebidos solo para detención temporal.
Obras incumplidas y hallazgos millonarios
A esto se suma otro hallazgo preocupante. Tras una auditoría a la USPEC, el INPEC y el Ministerio de Justicia, la Contraloría identificó 119 irregularidades, de las cuales 15 tienen impacto fiscal por más de $78.400 millones de pesos. La razón: el incumplimiento de las órdenes judiciales que exigían nuevas obras para enfrentar esta crisis.
Una de esas órdenes, contenida en el Auto 1745 de 2024 de la Corte Constitucional, establecía un plazo hasta el 21 de abril para ejecutar obras que aliviaran el hacinamiento. A la fecha, ese compromiso no se ha cumplido.
Una crisis que rebasa lo judicial
Lo que vive Barranquilla —y buena parte del país— es el reflejo de un sistema penitenciario que colapsó hace tiempo, y que sigue esperando una solución de fondo. Mientras tanto, en las estaciones de Policía, los CDT se convierten en cárceles improvisadas donde se pierde no solo el tiempo procesal, sino también la dignidad humana.
