El polémico cambio estatutario que abría la puerta a la reelección del rector de la Universidad del Atlántico, Danilo Hernández, ha quedado sin efecto. Así lo decidió el Juzgado Segundo Civil del Circuito en un fallo de segunda instancia que declaró la nulidad de la actuación del Consejo Superior de la institución por no haber cumplido con el debido proceso en materia de notificaciones.
La decisión judicial representa un nuevo capítulo en las tensiones internas de la universidad pública más importante del Caribe colombiano y deja en entredicho la legalidad del procedimiento que, el pasado 25 de junio, permitió modificar el artículo 29 del Estatuto General, facilitando la continuidad del actual rector.
¿Qué ocurrió?
La acción de tutela fue interpuesta por Angely Loraine Díaz Cordero, representante estudiantil en el Consejo Superior, quien cuestionó la validez del proceso por la falta de notificación efectiva al Ministerio de Educación Nacional. Según el fallo del 16 de junio, el Consejo tenía 48 horas para sesionar y definir la polémica reforma, pero debía cumplir con requisitos legales clave: entre ellos, garantizar la participación y notificación formal a todos los miembros, incluido el representante del Ministerio.
El juzgado encontró que no existe prueba fehaciente de que esa notificación se hubiese hecho correctamente. Aunque se evidenció el envío de un correo a la dirección [email protected], no se presentó acuse de recibido, confirmación de lectura ni constancia certificada por el operador del correo institucional.
En palabras del fallo:
“No se cumplieron los presupuestos normativos establecidos respecto a los requisitos para que las notificaciones electrónicas sean válidas y eficaces. Esta situación genera incertidumbre sobre la legalidad del procedimiento adoptado por el Consejo Superior.”
Consecuencias del fallo
Con esta decisión, la votación del 25 de junio queda sin validez, y por ende, la modificación al estatuto universitario que habilitaba la reelección de Danilo Hernández como rector también queda anulada.
El tribunal ordenó retrotraer las actuaciones desde el auto admisorio, es decir, todo lo ocurrido desde el momento en que se admitió la petición de sesionar para el cambio estatutario será como si nunca hubiese sucedido, a excepción del propio fallo judicial.
Esto implica que el Consejo Superior deberá reiniciar el proceso, esta vez cumpliendo estrictamente con los procedimientos legales, lo que incluye notificar de manera válida y verificable a todos sus miembros.
Contexto: una reforma cuestionada desde el inicio
La intención de permitir la reelección del rector ha generado fuertes controversias dentro de la comunidad universitaria. Estudiantes, profesores y egresados han expresado preocupaciones sobre la concentración de poder, el debilitamiento de la democracia interna y el uso de reformas estatutarias como herramientas para perpetuar liderazgos.
Este nuevo revés jurídico representa un llamado de atención sobre la forma en que se toman decisiones en el órgano máximo de dirección de la Uniatlántico, y reaviva el debate sobre la necesidad de mayor transparencia y participación real dentro del gobierno universitario.
