La tensión política que dejó la fallida consulta popular impulsada por el Gobierno ahora tiene repercusiones judiciales. La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Instrucción, abrió una investigación preliminar contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda, por presuntas irregularidades en el manejo de la votación que definió el futuro de dicha iniciativa.
Aunque aún no hay cargos formales, la admisión de la denuncia por parte del alto tribunal indica que hay elementos suficientes para indagar si el congresista conservador incurrió en delitos que comprometan la participación democrática o la función pública.
En el centro del caso está la forma como Cepeda condujo la sesión en la que se votó la consulta. La denuncia sugiere que se habrían cometido irregularidades procedimentales que podrían haber distorsionado la voluntad del Senado. En concreto, se cuestiona si se respetaron los tiempos, el orden del día y el reglamento interno del Congreso durante ese debate.
Desde ya, la defensa del senador barranquillero prepara su estrategia. Voceros cercanos aseguran que presentarán actas, grabaciones y documentos oficiales que probarían que el proceso se desarrolló conforme a la ley. “Todo fue público y transparente. No hay nada que ocultar”, insisten desde su entorno.
Mientras tanto, Cepeda enfrenta un nuevo frente judicial que se suma a la ya agitada escena política. Desde sectores afines al Gobierno se interpreta la apertura de la investigación como una señal de que las reglas del juego democrático no pueden manipularse desde las altas dignidades del Congreso. Por su parte, simpatizantes del senador consideran que esto no es más que una jugada política ante el revés sufrido por la Casa de Nariño con el hundimiento de la consulta.
Por ahora, la Corte continuará con la fase de recolección de pruebas, que incluye testimonios, revisión de videos de la sesión y documentos legislativos. La decisión de avanzar o no hacia una investigación formal dependerá de lo que surja en esta etapa inicial.
Lo cierto es que el caso pone en evidencia las fricciones entre el Legislativo y el Ejecutivo, y reabre el debate sobre hasta qué punto los procedimientos parlamentarios están blindados frente a intereses políticos.
