Fredy Orlando Quintero Mogollón, exalcalde investigado por presuntos nexos con el ELN y sin experiencia en derechos humanos, fue nombrado subdirector de la Unidad para las Víctimas.
El nombramiento de Fredy Orlando Quintero Mogollón como subdirector general de la Unidad para las Víctimas ha encendido las alarmas en distintos sectores políticos, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. El exalcalde de Chitagá (Norte de Santander) cuenta con un historial judicial complejo: fue vinculado por la Fiscalía a una investigación por presunta financiación del ELN y tuvo bienes incautados en 2023 por supuestos vínculos con la estructura financiera de esa guerrilla.
Aunque no registra condenas ni antecedentes penales formales, Quintero fue capturado en 2020 por cargos relacionados con apoyo al grupo armado ilegal y liberado dos meses después, quedando aún vinculado al proceso. Entre los bienes que la Fiscalía le incautó figuran fincas, vehículos y un negocio familiar. Las autoridades señalaron que estos estarían relacionados con actividades del frente Efraín Pabón del ELN.
A pesar de este historial, lo que más inquieta a quienes conocen el funcionamiento del sistema de atención a víctimas es su falta total de experiencia en el área de derechos humanos y reparación integral. Su hoja de vida, publicada por la Presidencia, muestra formación como abogado, pero sin trayectoria profesional ligada a procesos con población víctima del conflicto.
La llegada de Quintero reemplaza a Francisco Triana, psicólogo con especialización en derechos humanos y amplia experiencia territorial en atención psicosocial. Para muchos, el cambio representa una regresión técnica en una entidad clave para las garantías de quienes han sufrido los estragos del conflicto armado.
Este nombramiento coincide además con la designación de Adith Romero como nuevo director de la entidad, otro funcionario que ha generado controversia por su falta de experiencia en el área. Romero, exescolta de seguridad privada, no registra antecedentes de trabajo con víctimas ni en el sector público vinculado a derechos humanos.
Para organizaciones sociales, estos movimientos podrían poner en riesgo el enfoque técnico y especializado que requiere la Unidad de Víctimas, especialmente en un momento en que se discute la implementación de reformas y el futuro del proceso de paz total.
El debate está abierto: ¿están siendo reemplazados perfiles técnicos por aliados políticos sin experticia? ¿Qué implica esto para más de nueve millones de víctimas reconocidas en el país?
