La suspensión provisional del Decreto 0639 de 2025, ordenada por el Consejo de Estado, encendió las alarmas en el alto Gobierno. Expertos advierten que los ministros que firmaron el documento podrían enfrentar consecuencias penales si se declara su nulidad.
Bogotá, 19 de junio de 2025 – Una nueva tormenta política y judicial se cierne sobre el gabinete del presidente Gustavo Petro, luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el controvertido Decreto 0639, con el que el Gobierno buscaba convocar a una consulta popular sin el aval del Senado.
Según revelaron Los Secretos de Darcy Quinn, esta medida cautelar podría ser la antesala de un fallo definitivo que declare la nulidad del decreto, con graves implicaciones legales para los 19 ministros y altos funcionarios que lo firmaron.
Expertos en derecho administrativo afirman que si se demuestra que los firmantes actuaron a sabiendas de la ilegalidad del acto administrativo, podrían enfrentar cargos por prevaricato, abuso de función pública o incluso usurpación de funciones, ya que el Senado había emitido un concepto negativo que hacía inviable la convocatoria.
“La suspensión dictada por el Consejo de Estado equivale, en la práctica, a un fallo anticipado”, señalaron fuentes jurídicas cercanas al proceso. El documento del tribunal deja entrever que el decreto fue expedido sin cumplir los requisitos constitucionales y legales, lo que refuerza la tesis de la oposición sobre una posible extralimitación del Ejecutivo.
En medio del escándalo, se señala que tres ministros estarían exentos de responsabilidad directa, ya que no firmaron el decreto: Edwin Palma (Minas), Susana Muhamad (Ambiente), y Laura Sarabia (Cancillería), cuyas firmas fueron reemplazadas por las de sus viceministros. Tampoco figura Luis Eduardo Montealegre, actual ministro de Justicia, quien habría redactado el documento pero aún no estaba posesionado al momento de su expedición.
La incertidumbre reina en los pasillos del Palacio de Nariño. Según fuentes cercanas al Ejecutivo, varios ministros ya consultan asesores legales, mientras otros evalúan escenarios de salida e incluso, en tono irónico pero revelador, «encienden velas y piensan en el asilo».
La denuncia penal interpuesta por la senadora María Fernanda Cabal y la decisión del Consejo de Estado marcan el inicio de una batalla jurídica que podría terminar con consecuencias sin precedentes para el gabinete presidencial.
