¿Que maravilla!….. Controversia en Santa Marta: contrato de más de 7.000 millones de pesos para administrar megacolegios en mano de consuegro del concejal Pedro Gómez
Por David Awad V.
La reciente decisión de otorgar el contrato de administración de los megacolegios Aluna y Quinto Centenario a una iglesia ha generado un fuerte debate en la ciudad, especialmente después de que el concejal Miguel Martínez cuestionara abiertamente esta medida. Su crítica se basa en la prohibición establecida por la Corte Constitucional de que las instituciones educativas públicas sean administradas por entidades religiosas.
La polémica surge nada más y nada menos que por un contrato de administración de los megacolegios Aluna y Quinto Centenario se intensifica tras revelarse que el consuegro del concejal Pedro Gómez, figura prominente en la política local, ha sido beneficiado con la adjudicación de este contrato, que asciende a más de 7.000 millones de pesos ($7.000.000.000,00).
Este hecho ha generado una serie de cuestionamientos no solo sobre la legalidad de la decisión, dado el fallo de la Corte Constitucional que prohíbe la administración de instituciones educativas públicas por entidades religiosas, sino también sobre posibles conflictos de interés. La cercanía familiar entre el concejal y el beneficiario del contrato ha llevado a muchos a preguntar si la adjudicación fue el resultado de un proceso transparente y justo.
El concejal Miguel Martínez manifestó en el recinto del Concejo de Santa Marta su preocupación por el hecho de que esta administración podría afectar la calidad educativa y la autonomía del sistema escolar. Martínez ha instado a las autoridades a revisar el contrato y asegurar que se respeten los principios laicos en la educación pública. Además, ha señalado la necesidad de una investigación sobre la relación entre el concejal Gómez y el consuegro que ha recibido el contrato, para descartar cualquier irregularidad.
La comunidad educativa y los padres de familia han expresado su inquietud ante la posibilidad de que la gestión de estos megacolegios esté influenciada por creencias religiosas, comprometiendo así la formación integral de los estudiantes. También han demandado mayor transparencia en el proceso de adjudicación, que muchos consideran opaco.
Las autoridades locales han defendido la decisión, argumentando que la adjudicación busca mejorar la infraestructura y la calidad educativa en Santa Marta. Sin embargo, ante la creciente presión pública, se espera que se realicen pronunciamientos adicionales para aclarar el proceso y abordar las preocupaciones de la comunidad.
El caso ha puesto de relieve la importancia de la transparencia en la gestión pública y el respeto por los principios constitucionales en la administración de la educación, mientras la controversia continúa en el centro del debate local.
