A pesar de las amenazas de muerte en su contra, Héctor Roca, personero del municipio de Luruaco, en el sur del Atlántico, no ha dejado de ejercer su labor como representante del Ministerio Público. Su valentía se mantiene firme, aunque el riesgo es inminente.
Roca reveló que fue declarado objetivo militar por un presunto cabecilla del Clan del Golfo, identificado como alias ‘Juan Camilo’, quien lo habría llamado directamente para intimidarlo. La amenaza, directa y personal, no solo encendió las alarmas locales, sino que refleja el creciente asedio que enfrentan los funcionarios públicos en territorios donde operan grupos armados ilegales.
“Soy uno de los varios funcionarios que están amenazados en el municipio”, afirmó Roca, visiblemente preocupado pero determinado. “El accionar de estos grupos debe ser atendido con urgencia”.
Actualmente, el personero cuenta con un esquema de protección por parte de la Policía del Atlántico, mientras la Unidad Nacional de Protección (UNP) evalúa su solicitud formal para recibir medidas adicionales de seguridad.
Ante esta situación, la Procuraduría Provincial de Barranquilla pidió a la UNP que estudie con carácter urgente el caso de Roca y, si se comprueba el riesgo, le otorgue protección efectiva e inmediata.
El caso del personero no es aislado. En varias regiones del país, los servidores públicos —especialmente aquellos que denuncian violaciones de derechos humanos o corrupción— se convierten en blanco de estructuras criminales. Luruaco es ahora otro de esos escenarios donde el ejercicio de la legalidad se hace con escolta y en medio del miedo.
La comunidad y el mismo funcionario piden al Estado que no solo responda con medidas reactivas, sino que refuerce la presencia institucional y judicial en territorios donde el control lo disputan las armas.
