La Procuraduría Regional del Magdalena está en el ojo del huracán. Crecen las denuncias sobre su aparente pasividad ante casos documentados de desacato a fallos judiciales por parte de varios diputados de la Asamblea Departamental, entre ellos integrantes del conocido grupo político “Piso 13”, lo que ha desatado una ola de indignación ciudadana y cuestionamientos sobre la imparcialidad de la entidad disciplinaria.
La procuradora regional, Celia Soto, ha sido señalada directamente por organizaciones sociales, medios locales y ciudadanos que acusan a su despacho de omitir deliberadamente actuaciones disciplinarias frente a quejas formales y pruebas sobre el incumplimiento de decisiones judiciales por parte de diputadas como Ángela Cedeño y Martha García, ambas con reconocidas afinidades políticas con sectores del partido Centro Democrático.
¿Desacato sin sanción?
El caso más grave involucra el presunto desacato de un fallo judicial que ordenaba la aplicación de medidas administrativas dentro de la Asamblea del Magdalena. Según fuentes cercanas al proceso, varios diputados ignoraron deliberadamente el mandato judicial, incurriendo en una conducta que debería activar de inmediato la intervención de los órganos de control.
Sin embargo, la Procuraduría Regional, bajo la dirección de Soto, ha evitado abrir investigaciones disciplinarias formales, a pesar de contar con quejas documentadas y solicitudes públicas de revisión.
Vínculos políticos bajo la lupa
La controversia ha puesto en la mira las posibles conexiones políticas entre la procuradora Soto y dirigentes del Centro Democrático en el departamento, partido al que pertenecen o están vinculados los diputados señalados. Diversos sectores cuestionan si estas afinidades están influyendo en la inacción de la funcionaria, lo que comprometería seriamente la neutralidad institucional.
«Lo que está ocurriendo en el Magdalena es una burla al Estado de Derecho. Cuando los fallos judiciales no se cumplen y la Procuraduría no actúa, lo que tenemos es impunidad política«, denunció un líder cívico que pidió reserva de identidad por temor a represalias.
Comunidad y veedurías exigen intervención nacional
Ante la falta de respuesta regional, varios ciudadanos han elevado peticiones directas al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, para que tome cartas en el asunto y designe una comisión especial que garantice el cumplimiento de las funciones disciplinarias y el respeto a las decisiones judiciales.
«Si la Procuraduría Regional no puede o no quiere actuar, debe intervenir la Procuraduría General desde Bogotá. No podemos permitir que haya funcionarios públicos por encima de la ley», afirmó la presidenta de una veeduría ciudadana de Santa Marta.
Un patrón preocupante
Este no sería el único caso en el que la Procuraduría del Magdalena ha sido señalada por su falta de diligencia. Anteriormente, se habían denunciado demoras injustificadas en procesos contra alcaldes, concejales y secretarios de despacho. La situación refuerza la percepción de una institucionalidad capturada o influenciada por intereses políticos locales.
Mientras tanto, los diputados involucrados continúan ejerciendo sus funciones sin sanción alguna, pese a los señalamientos y a la presión creciente de la opinión pública.
