En las últimas horas, Corrupción al Día publicó una impactante investigación que destapa una red de corrupción que está acabando con los recursos destinados a la salud pública en Colombia.
En el centro de esta historia se encuentra un Volkswagen escarabajo amarillo, que recorre las calles de Santander, pero no es un vehículo cualquiera: es el símbolo de un vínculo que ha dejado claro que, en Colombia, la lealtad política tiene un precio millonario.
Germán y Mauricio Tarazona, hermanos gemelos de Barranquilla, en complicidad con Carlos Olarte, se han convertido en actores clave de un escándalo que ha dejado una herida profunda en el sistema de salud colombiano. La firma TGA Asociados, de la cual son socios mayoritarios los Tarazona y Olarte, ha recibido 234 mil millones de pesos del Ministerio de Salud para proyectos de infraestructura hospitalaria. Esta cifra representa casi el 20% de los recursos destinados a la construcción y mejora de hospitales en el país durante 2023.
Lo más alarmante, según la investigación, es que estos recursos se obtuvieron bajo condiciones que solo se pueden describir como amañadas. Las licitaciones exprés, con plazos irrealmente cortos, y los requisitos ajustados a la medida de este consorcio, hicieron que el proceso fuera prácticamente una farsa, donde no se permitió la participación de otros oferentes.
En ciudades como Málaga (Santander), Vaupés, Huila y Cesar, el patrón se repite: licitaciones de miles de millones de pesos que terminan adjudicadas a una sola empresa, la de los hermanos Tarazona y Olarte. Los plazos extremadamente cortos y la falta de supervisión han permitido que los recursos destinados a hospitales públicos sean mal administrados, dejando a los colombianos con más promesas de infraestructura, pero menos salud.
En este entramado también juega un papel fundamental el actual Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien, al parecer, tuvo un rol clave en la campaña electoral del Pacto Histórico, la misma campaña en la que Germán Tarazona fue uno de los principales patrocinadores. Según la investigación, Jaramillo ha desviado el foco de la corrupción hacia un control preventivo que no ha dado resultados tangibles y que permite que este ciclo continúe impunemente.
Lo que más duele, sin embargo, es el precio humano de esta corrupción. Mientras los empresarios se enriquecen, millones de colombianos esperan meses para obtener una cita médica, enfrentándose a hospitales con fallas estructurales y sin insumos. Cada peso malgastado es un medicamento no entregado, una cirugía no realizada y, lo peor de todo, vidas humanas que se pierden.
La Fundación Edificando Colombianos (Edicol), encargada de la interventoría de varias de estas obras, ha estado en el ojo del huracán por certificar contratos falsos y por tener conexiones familiares con los implicados, lo que evidencia la falta de transparencia y control en la ejecución de estos contratos.
La pregunta ahora es clara: ¿por qué el sistema sigue permitiendo que estos contratistas sean premiados con contratos millonarios a pesar de su historial de irregularidades?
Mientras tanto, el escarabajo amarillo sigue rodando por las calles de Santander, mientras hospitales prometidos a millones de colombianos permanecen como elefantes blancos, esperando el día en que alguien se atreva a cuestionar el verdadero costo de la corrupción en el país.
El futuro de la salud pública está en juego, y el sistema parece no tener las respuestas.
