En un nuevo giro dentro del proceso judicial contra Nicolás Petro, el abogado defensor del exdiputado del Atlántico, Alejandro Carranza, dirigió su atención hacia una figura que ha sido clave en el escándalo: Daysuris Vásquez. Esta vez, no se trata de un testimonio ni de una nueva revelación mediática, sino de un interrogante concreto y frontal: ¿por qué no ha devuelto más de $300 millones de pesos que habría confesado haber tenido?
La pregunta del abogado se sustenta en una declaración que Vásquez habría entregado a la Procuraduría General de la Nación, en la que reconocía haber manejado dicha suma en efectivo durante su relación con Petro. Lo interesante —y polémico— es que, según Carranza, esa confesión contradice versiones anteriores ofrecidas por la misma Vásquez ante la Fiscalía, bajo juramento.
“No ha cumplido completamente”, dijo Carranza, recordando que aunque Vásquez entregó un vehículo Mercedes Benz y una propiedad a las autoridades, aún quedaría pendiente una cantidad considerable de dinero que, según la defensa de Petro, ella no ha explicado ni devuelto.
El señalamiento, sin embargo, no se quedó en el recinto judicial. Durante las audiencias, Carranza ha mantenido una línea crítica constante hacia la excompañera sentimental de su cliente, cuestionando las supuestas contradicciones entre lo dicho a diferentes autoridades y lo expresado en medios de comunicación. Incluso este martes, su insistencia lo llevó a cruzar una línea que provocó la intervención de la fiscal del caso, Lucy Marcela Laborde, quien pidió al juez que le llamara la atención por «rebasar los límites».
Este episodio deja ver que, más allá del proceso penal contra Petro Burgos, hay una batalla paralela por la narrativa. Una en la que cada declaración, cada contradicción y cada peso sin devolver tiene un peso simbólico y estratégico. Lo que está en juego no es solo la responsabilidad individual, sino la credibilidad de quienes han sido actores principales de este escándalo que ha salpicado al círculo íntimo del poder.
¿Será posible esclarecer completamente el manejo de los recursos mencionados en este proceso? ¿O estamos ante una guerra de versiones donde la verdad se diluye entre intereses enfrentados? Mientras tanto, los $300 millones siguen siendo una pregunta sin respuesta.
