La Alcaldía opta por Bomberos Voluntarios, generando dudas sobre la transparencia y la gestión de recursos en un servicio esencial.
En un giro inesperado de los acontecimientos, la Alcaldía de Galapa se encuentra en medio de una controversia que ha encendido alarmas sobre la institucionalidad del servicio de bomberos en la región. La decisión de la nueva administración municipal, liderada por el alcalde Fabián Bonett Berdugo, de favorecer a los Bomberos Voluntarios sobre el recién creado Cuerpo Oficial de Bomberos ha desatado un conflicto que muchos consideran un ataque a la legalidad y transparencia.
La historia comienza en 2022, cuando el entonces alcalde José Vargas Muñoz estableció formalmente el Cuerpo Oficial de Bomberos mediante el Decreto 167. Este organismo, que debía ser financiado a través de la Sobretasa Bomberil, parecía sentar las bases para un servicio profesional y regulado, al igual que el que opera en Barranquilla. Sin embargo, en el año 2024, la administración actual ha tomado un rumbo diferente, optando por un contrato de servicios con los Bomberos Voluntarios, una entidad cuya falta de rendición de cuentas ha sido objeto de críticas incluso desde el Concejo Municipal.
La sombra de la opacidad
Los Bomberos Voluntarios, al mando de la comandante Yarledys Pérez Ochoa, han sido señalados por su falta de transparencia en la gestión de recursos. A pesar de recibir asignaciones millonarias, no han presentado informes claros sobre sus ingresos y actividades. Esta situación plantea un interrogante crucial: ¿cómo se justifican los pagos a una entidad privada cuando existe un cuerpo oficial que podría manejar esos recursos de manera más eficiente?
La Estación de Bomberos de Galapa, construida en 2017 mediante un convenio entre la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía, fue entregada en comodato a los Voluntarios, pero la falta de cumplimiento de sus obligaciones llevó al alcalde Vargas a proponer la creación de un cuerpo oficial. Sin embargo, este avance se ha visto obstaculizado por un nuevo contrato firmado por la administración de Bonett, que alimenta la percepción de un doble gasto en un servicio que debería ser único y efectivo.
¿Una estrategia deliberada?
La administración de Bonett justifica su decisión en base a supuestas órdenes de la Dirección Nacional de Bomberos y decisiones judiciales. Sin embargo, este argumento ha sido cuestionado por los Bomberos Oficiales, quienes consideran que estas acciones representan un intento deliberado de socavar su operatividad y, por ende, la institucionalidad del servicio. «Estamos viviendo un acoso laboral y una discriminación que nos impide cumplir nuestra labor», expresaron miembros del Cuerpo Oficial durante una reciente protesta.
Con la situación escalando, se ha evidenciado un intento de silenciar a los Bomberos Oficiales. La secretaria de Gobierno, Angélica Oñoro Acosta, ha sido acusada de obstruir la comunicación con los medios y de ejercer presión sobre los bomberos para que no se pronuncien sobre sus condiciones laborales. Estas acciones han llevado a la denuncia formal ante la Personería, que aún no ha tomado medidas efectivas.
Un negocio en juego
El verdadero trasfondo de este conflicto podría ser un interés económico oculto. Los Bomberos Voluntarios, al operar como una especie de «famiempresa», generan ingresos significativos a partir de capacitaciones y certificaciones que se quedan fuera del control municipal. Se estima que estas actividades podrían superar los $1.800 millones anuales, lo que plantea serias dudas sobre la rendición de cuentas y la correcta utilización de recursos públicos.
A medida que la comunidad observa este desencuentro, el llamado a la transparencia y a una gestión adecuada del servicio de bomberos se vuelve más urgente. La protección de la vida y los bienes de los ciudadanos no puede quedar en manos de una entidad que carece de supervisión adecuada y que parece operar con un enfoque de lucro más que de servicio.
Conclusión: Hacia una solución sostenible
La controversia entre los Bomberos Oficiales y los Voluntarios en Galapa no solo refleja un conflicto interno, sino que también plantea un dilema sobre la dirección futura del servicio de emergencias en la región. La clave será garantizar que el servicio de bomberos opere bajo un modelo de transparencia, rendición de cuentas y profesionalismo. La comunidad de Galapa merece un cuerpo de bomberos que funcione como un verdadero pilar de seguridad, y no como un negocio privado que solo responde a intereses particulares. La defensa de la institucionalidad debe prevalecer, y es hora de que las autoridades tomen decisiones que prioricen el bienestar de todos los galaperos.
Fuente investigador: José Granados Fernández de 30dias.co
