En medio de la expectativa nacional sobre una posible decisión del Gobierno frente al cese de operaciones ofensivas contra el Frente 33, liderado por el disidente alias ‘Calarcá’, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su respaldo a una salida negociada al conflicto, pero pidió que cualquier determinación se adopte con criterios claros y basados en la realidad que vive el Catatumbo, una de las regiones más afectadas por la violencia armada.
A través de sus redes sociales, Marín reiteró que la Defensoría del Pueblo apoya la búsqueda de la paz, pero exhortó al Ejecutivo a tener en cuenta dos preguntas fundamentales, considerando el escenario crítico que enfrenta la población del Catatumbo desde hace más de cuatro meses:
- ¿De qué manera la protección del Estado a la zona de ubicación en la que se concentrarían miembros en armas no representará una ventaja militar para el Frente 33 frente al ELN?
- ¿Cómo se verificará que el Frente 33 no utilice esta zona para ganar control territorial y poblacional en la región y para continuar los ataques contra la población civil a la que señala de ser simpatizante del ELN o prestarles apoyo?
Estas inquietudes surgen luego de múltiples denuncias sobre violaciones de derechos humanos y confrontaciones armadas entre las disidencias de las FARC y el ELN en esta zona estratégica del norte de Santander, donde comunidades campesinas, indígenas y líderes sociales se encuentran en situación de alta vulnerabilidad.
La Defensora insistió en que cualquier acuerdo debe estar acompañado de mecanismos de verificación robustos, presencia integral del Estado y acciones concretas que protejan a la población civil. Además, recalcó que el proceso de paz debe priorizar a las víctimas y no convertirse en una herramienta para la expansión territorial de grupos armados.
El Gobierno Nacional aún no ha confirmado su decisión frente al cese ofensivo, pero se espera que en los próximos días se pronuncie oficialmente. La presión de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de los habitantes del Catatumbo marca un punto clave en la evaluación del alcance y viabilidad de esta medida.
