Los uniformados aceptaron su responsabilidad en los crímenes ocurridos entre 2004 y 2007 y avanzan en acciones restaurativas. El tribunal aclaró que no fueron identificados como máximos responsables.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este martes que concedió la renuncia a la persecución penal a 13 exintegrantes del Ejército Nacional implicados en casos de ejecuciones extrajudiciales —conocidos como “falsos positivos”— ocurridos en el departamento de Antioquia entre los años 2004 y 2007.
Según informó el tribunal, los exmilitares no fueron catalogados como máximos responsables dentro del patrón criminal documentado por la Sala de Reconocimiento de Verdad. Sin embargo, admitieron su responsabilidad individual en los hechos, lo cual fue clave para acceder al beneficio judicial que contempla el modelo de justicia transicional.
“Los comparecientes han avanzado en procesos de contribución a la verdad, reconocimiento de responsabilidad y cumplimiento de compromisos de reparación con las víctimas, incluyendo actos restaurativos”, señaló la JEP en su pronunciamiento.
Estos crímenes hacen parte del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. La JEP ha documentado cientos de hechos similares ocurridos en varias regiones del país, especialmente entre 2002 y 2008, cuando se registró un aumento significativo en este tipo de prácticas por parte de algunas unidades del Ejército.
Las víctimas, sus familias y organizaciones de derechos humanos han jugado un papel fundamental en el esclarecimiento de estos hechos. En este proceso particular, los exuniformados han participado en audiencias públicas, encuentros restaurativos y entregas de información relevante que han ayudado a reconstruir la verdad y el contexto de las ejecuciones extrajudiciales.
Este tipo de decisiones judiciales —como lo establece el modelo de justicia transicional adoptado tras el Acuerdo de Paz de 2016— busca privilegiar la verdad, la reparación y la no repetición sobre la sanción punitiva tradicional, siempre y cuando se cumplan los requisitos de contribución plena a la verdad y reconocimiento de responsabilidad.
No obstante, la JEP ha reiterado que la renuncia a la persecución penal no aplica para quienes sean considerados como máximos responsables, es decir, quienes idearon, ordenaron o institucionalizaron estas prácticas.
La decisión ha generado reacciones divididas. Mientras organizaciones de víctimas han valorado el avance en el reconocimiento de responsabilidad por parte de los comparecientes, también han reiterado su exigencia de que los altos mandos y responsables políticos de estos crímenes rindan cuentas ante la justicia.
La JEP continúa con el análisis de los casos restantes en Antioquia y otras zonas del país, en su esfuerzo por esclarecer los más de 6.400 falsos positivos que, según el tribunal, fueron cometidos por miembros de la fuerza pública entre 2002 y 2008.
