Por desconocimiento de normas que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud
Por irregularidades en el ejercicio de facultades de jurisdicción coactiva dirigidas a la Entidad Promotora de Salud (EPS) Coosalud, la Procuraduría General de la Nación suspendió por cuatro meses a Luis Fernando Vásquez Escudero, entonces gerente de la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Padua del municipio de Simití (Bolívar).
En fallo de segunda instancia se comprobó que el sancionado ordenó el embargo y retención de dineros de la EPS Coosalud, sin tener competencia para ello, con lo cual incumplió y desconoció sus deberes, entre ellos, la prohibición constitucional, legal y jurisprudencial respecto del «Principio de inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud».
Contrario a lo argumentado por la defensa, el ente de control señaló que las ESE “no pueden ejercer funciones de cobro coactivo al actuar en sus relaciones comerciales como los demás particulares y, en consecuencia, tampoco podrían adelantar medidas cautelares para el recaudo de este tipo de créditos”, y agregó que “Lo correcto, entonces, es que las ESE concurran ante la jurisdicción ordinaria para la efectividad de las obligaciones comerciales”.
El Ente Disciplinario sentenció que no se pueden quebrantar las condiciones de igualdad que gobiernan el mercado de la contratación de servicios de salud, en detrimento de los demás actores que interactúan en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La conducta de Vásquez Escudero fue calificada como grave a título de culpa grave, y la sanción que le fue impuesta se convirtió en salarios de acuerdo con el monto de lo devengado al momento de la comisión de la falta, en razón a que ya no ejerce función pública.
Ante la reiterada solicitud de la defensora para que se remitan copias del proceso a las autoridades judiciales administrativas competentes para investigar delitos, faltas y otras responsabilidades de carácter sancionatorio, la Procuraduría instó a la profesional del derecho a instaurar las respectivas denuncias y/o quejas.
