El juicio que enfrenta Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, continúa este lunes con una etapa crucial: la intervención de su defensa. El abogado Alejandro Carranza, quien lidera la representación legal del exdiputado del Atlántico, llegará al estrado con nuevas solicitudes y argumentos que podrían redefinir el rumbo del proceso judicial.
Tras una audiencia preparatoria extendida, Carranza anunció que pedirá incluir como prueba la declaración del propio Nicolás Petro ante la Fiscalía, rendida después de su captura el 29 de julio de 2023. También solicitó los testimonios de dos mujeres clave en la vida del procesado: su madre, Kathya Burgos, y su actual pareja, Laura Ojeda Estupiñán. Ambas, según la defensa, desmienten la versión de un presunto enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, no todo ha sido fluido para la defensa. Durante la audiencia del 28 de marzo, el juez segundo especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, reprendió a Carranza por intentar hacer una apología a la inocencia de su cliente antes de la presentación formal de las pruebas.
Un tablero de testigos polémicos
La Fiscalía, por su parte, ha armado un robusto tablero de testigos que abarca desde figuras políticas hasta empresarios con un historial judicial. Entre ellos, se encuentra el representante a la Cámara Agmeth Escaf, quien deberá explicar los alcances de su relación con Nicolás Petro y si conoció de manejos económicos vinculados a campañas políticas.
También testificará el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como «el hombre Marlboro», quien deberá precisar las circunstancias en que conoció a Petro y su expareja, Daysuris Vásquez, además de detallar si tuvo algún vínculo económico con el exdiputado.
No menos relevante será la comparecencia del actual ministro del Interior, Armando Benedetti, convocado para esclarecer si sostuvo reuniones con Nicolás Petro y si tuvo conocimiento de la financiación de campañas políticas durante los años 2021 y 2022.
La telaraña de dinero, contratos y favores
El proceso está marcado por una densa trama de transferencias sospechosas, testimonios cruzados y favores encubiertos. Uno de los focos más sensibles es la supuesta entrega de $400 millones por parte del empresario Gabriel Hilsaca Acosta, quien habría visitado a Nicolás Petro en su residencia en Barranquilla, según registros de la administración del conjunto residencial.
También se incorporará al juicio el hallazgo de $24.900.000 incautados el día de la captura de Petro. Según la Fiscalía, esa suma es una de las pruebas que evidencian el presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Otra figura que aparece con fuerza es Euclides Torres, empresario señalado de financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro a través de beneficios y “contentillos”, como la entrega de un apartamento al hijo del presidente. Esta información, expuesta por la Fiscalía, surge de los chats extraídos del celular de Daysuris Vásquez.
Empresas, fundaciones y sobrefacturación
El entramado judicial también incluye a la empresa Grupo de Energía Delta Limitada, que, según la Fiscalía, habría sido utilizada para darle apariencia de legalidad a ingresos de Nicolás Petro. La entidad ha negado cualquier vínculo laboral con el exdiputado.
Asimismo, la Fundación Conciencia Social (Fucoso) ha sido mencionada como una plataforma para canalizar contratos sobrefacturados con ayuda de funcionarios de la Gobernación del Atlántico. Estos recursos, según la fiscal Lucy Marcela Laborde, terminaron en manos de Petro y su expareja.
Un personaje clave en esta parte de la historia es Raúl Lacouture Daza, entonces secretario general de la Gobernación, quien supuestamente tramitaba hojas de vida para incluir a personas en programas pagados por la Fundación, mientras se desviaban recursos.
El peso de Daysuris Vásquez
El testimonio de Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, es considerado por ambas partes como fundamental. La defensa la presentará como testigo, pero también lo hará la Fiscalía. Para el abogado Carranza, su declaración está plagada de “contradicciones” y presuntas “inducciones” por parte del ente acusador.
Chats, declaraciones juradas y audios extraídos de dispositivos personales de Vásquez se han convertido en pruebas documentales cruciales para determinar si existieron delitos financieros, políticos y éticos por parte del hijo del presidente.
Lo que sigue
Si el juez admite todas las solicitudes probatorias hechas por la defensa y la Fiscalía, el juicio entrará en su fase más intensa. La defensa podría aún pedir la exclusión de pruebas, lo que obligaría al juez Carbonó a tomar una decisión clave antes de instalar formalmente el juicio oral.
La expectativa nacional crece, no solo por las implicaciones legales para Nicolás Petro, sino por las repercusiones políticas que podría tener este proceso en el gobierno actual y en el futuro del Pacto Histórico.
Mientras tanto, el estrado se prepara para recibir a una amplia galería de testigos, pruebas y argumentos que, paso a paso, van trazando el camino judicial del hijo del presidente. La verdad, como en todo juicio, deberá abrirse paso entre los testimonios.
