Lo que debería ser un logro para Barranquilla —la recuperación de un espacio natural como Puerto Mocho— se ha convertido en un nuevo motivo de indignación ciudadana.
Lo que prometieron como un proyecto de inclusión, conservación y desarrollo sostenible, ha terminado revelando su verdadero rostro: una explotación comercial desmedida disfrazada de recuperación ambiental.
Hoy, ir a Puerto Mocho resulta más costoso que visitar el mismo Gran Malecón, el megaproyecto que desde un principio también intentaron convertir en una máquina de recaudo disfrazada de espacio público. No hay que olvidar que la reacción de la ciudadanía logró frenar los planes del operador de “explotar al máximo” el Malecón —incluso pensaban instalar torniquetes para ver el río, como si los barranquilleros necesitaran pagar por disfrutar de algo que ya financiaron con sus impuestos.
Pero parece que aprendieron a esquivar la crítica: si no pudieron con el Malecón, ahora intentan repetir la jugada en Puerto Mocho, esta vez con menos visibilidad y menos resistencia.
¿Playa pública… con precios privados?
Puerto Mocho, gestionado por la Alcaldía de Barranquilla a través de Edubar, fue anunciado con bombos y platillos como una obra para todos.
Hablaron de integración con pescadores, caseteros y habitantes del sector. Pero en la práctica, el acceso se está viendo limitado por tarifas que no corresponden con el espíritu de un espacio público. El precio por visitar la playa —sumado al transporte, alimentación, y servicios— convierte una jornada de sol en una experiencia costosa, especialmente para las familias barranquilleras de ingresos bajos y medios.
Y el problema no es solo el precio, sino el principio que se está instaurando: la idea de que el espacio público es rentable, y por tanto, puede y debe ser explotado como si fuera propiedad privada.
¿Desde cuándo se le cobra a la gente por acceder a lo que es suyo?
¿Acaso el desarrollo de Puerto Mocho no fue financiado, directa o indirectamente, con dinero público?
Contraste que ofende
Mientras tanto, en el Gran Malecón —también administrado con lógica de sostenimiento— los costos son más razonables y transparentes. Un parqueadero cuesta $5.000, y existe una tiquetera mensual de $30.000. Aquí por lo menos hay una estructura clara, espacios delimitados, zonas verdes y beneficios visibles. Pero en Puerto Mocho, ni la infraestructura ni los servicios justifican los precios que empiezan a imponerse. Y para rematar, se siguen usando las banderas del turismo y la sostenibilidad como coartadas para justificar el cobro.
¿Quién responde?
¿Quién regula los precios? ¿Qué instancia decide qué se cobra, cuánto se cobra y a quién se le cobra? ¿Dónde están los estudios técnicos que sustenten estas tarifas? ¿Qué pasa con el control ciudadano? El Distrito guarda silencio, Edubar se limita a promocionar, y los verdaderos dueños de la ciudad —sus habitantes— son quienes tienen que pagar la cuenta.
Puerto Mocho es una playa rescatada, sí, pero no para la gente, sino para el negocio. Y eso es profundamente grave. Se necesita más que pintura fresca, casetas y tren turístico para hablar de recuperación. Se necesita coherencia, equidad y verdadero acceso público. Lo demás es marketing.
