La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra el actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, por presuntos delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público, a raíz del nombramiento de cuatro exconcejales en cargos clave de su administración, sin que estos hubiesen cumplido con el período de inhabilidad legal exigido.
¿Qué hizo el alcalde?
Según la denuncia instaurada en junio de 2024 por el ciudadano José Raúl Rodríguez Jiménez, el mandatario firmó decretos de nombramiento en enero de este año —pocos días después de asumir el cargo— a favor de exconcejales del periodo 2020-2023, quienes perdieron la reelección en octubre pasado y, por tanto, no habrían completado el año de inhabilidad requerido por la ley para asumir nuevos cargos públicos.
Los nombramientos bajo la lupa
Los funcionarios nombrados son:
- Elania Redondo Peña, secretaria Distrital de Gestión Humana.
- Andrés Felipe Rengifo Lemus, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana.
- Juan Carlos Ospino Acuña, secretario Distrital de Cultura y Patrimonio.
- Richard Manuel Fernández Barraza, jefe de la Oficina de Asuntos Portuarios.
Todos ejercieron como concejales de la ciudad hasta diciembre de 2023. En lugar de esperar el año exigido por la legislación colombiana, fueron nombrados el 1 de enero de 2024, fecha en que Alejandro Char inició su nuevo periodo como alcalde.
¿Qué dice la ley?
El Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades establece que los concejales no pueden ocupar cargos públicos dentro de la misma administración para la cual ejercieron funciones sino hasta pasados 12 meses de su salida del cargo. Además, para poder acceder a ciertos puestos deben haber renunciado previamente a sus partidos políticos, otro requisito que —según la denuncia— también fue ignorado.
La posible comisión de prevaricato se daría si el alcalde firmó los decretos a sabiendas de que contravenían la normativa vigente, lo cual será uno de los aspectos clave que la Fiscalía debe probar. En este escenario, la pena por prevaricato por acción oscila entre 4 y 12 años de prisión, mientras que la falsedad ideológica en documento público se castiga con penas de 5 a 12 años.
¿Qué ha hecho la Fiscalía?
Como parte del proceso, el pasado 22 de enero de 2025, Char fue citado a interrogatorio por la Fiscalía. A su vez, también se llamará a los exconcejales nombrados para que rindan su versión de los hechos y justifiquen su vinculación inmediata al gobierno distrital.
¿Error o decisión consciente?
Uno de los puntos centrales de la investigación es establecer si Char actuó con pleno conocimiento de las restricciones legales, lo cual agravaría su responsabilidad. La denuncia enfatiza que, a pesar del equipo jurídico con el que cuenta la Alcaldía, “el alcalde firmó los actos administrativos en contravía de la ley, ignorando las inhabilidades claramente establecidas para los exconcejales”.
La situación reaviva el debate sobre el uso del poder político para favorecer a aliados o miembros de clanes políticos tradicionales, especialmente en ciudades como Barranquilla, donde la familia Char ha tenido una presencia dominante en la política local y nacional durante las últimas dos décadas.
Además, el caso podría abrir un nuevo frente de discusión sobre la ética de la función pública y la urgencia de fortalecer los mecanismos de control sobre la vinculación de funcionarios públicos recién salidos de cargos de elección popular.
Este es otro proceso q se suma a la larga lista de investigaciones q tiene el alcalde @AlejandroChar en los entes de control.
— Javier Manjarrés R. (@JManjarresR) April 15, 2025
Ahorita la engavetan para q duerma el sueño de los justos.
Creo q es el proceso 270. Y como el bien lo dice: y los que faltan.https://t.co/t2lHuSwtmj
