Al menos 17 personas, entre funcionarios y exfuncionarios públicos, fueron arrestadas por estar presuntamente involucradas en una organización dedicada al despojo sistemático de terrenos en Barranquilla y Soledad.
Una investigación liderada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (DIJÍN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permitió identificar y capturar a una red de 17 personas que, valiéndose de sus cargos públicos, habrían ejecutado un complejo entramado para apropiarse ilegalmente de predios en Barranquilla y el municipio de Soledad.
Entre los capturados figuran actuales y antiguos funcionarios públicos, abogados, tramitadores y testigos falsos que, según la investigación, constreñían a propietarios legítimos para despojarlos de sus tierras y posteriormente venderlas, afectando a más de 1.800 familias.
Los capturados y sus roles:
- Andrés Díaz, actual jurídico de la Alcaldía de Soledad, sería uno de los enlaces entre la administración local y la red.
- Iván Páez, actual registrador de Soledad, habría facilitado inscripciones irregulares en registros públicos.
- José Pacheco, calificador de Instrumentos Públicos, encargado de validar documentos adulterados para aparentar legalidad en los trámites.
- David De Castro y Juan Ucrós, exregistradores de Soledad, también figuran entre los señalados por permitir inscripciones fraudulentas.
- Marlon Mora, inspector de Policía, y Neissy Cantillo, exinspectora, habrían emitido resoluciones ilegales para respaldar desalojos o avalar ocupaciones.
- Francisco Mejía, notario de Santo Tomás, habría autenticado documentos relacionados con las transacciones fraudulentas.
- Luis Martínez, tramitador, operaba como enlace entre víctimas, abogados y funcionarios.
- José Márquez, Rafael Bossio y Alex Ahumada, todos abogados, eran los encargados de construir la fachada legal que daba soporte a los despojos.
- Wilmar Machuca y José Peñaloza, identificados como «poseedores irregulares», se encargaban de ocupar físicamente los predios una vez despojados.
- Ismael Cárcamo e Inés Salas, señalados como agentes corruptores, habrían sido responsables de coordinar sobornos para mover influencias internas.
- Roque Lugo, sindicado como testigo falso, participaba en audiencias aportando declaraciones construidas para legitimar las estafas.
Un daño masivo: colegios, parques y hogares afectados
Según la DIJÍN, la red no solo apuntó a predios privados: terrenos destinados a infraestructura pública como colegios, parques y zonas verdes también habrían sido robados y vendidos de forma ilegal.
Las autoridades acusan a los implicados de múltiples delitos, entre ellos peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, cohecho, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, urbanización ilegal y estafa agravada.
El presidente Gustavo Petro confirmó las capturas a través de su cuenta en la red social X, subrayando el compromiso del Estado en la protección de los derechos a la vivienda, educación y el deporte de las comunidades más vulnerables del Atlántico.
“Constreñían a la comunidad para apoderarse de terrenos y posteriormente venderlos, estafando a varias familias”, afirmó el mandatario.
Esta operación, según el gobierno, busca enviar un mensaje claro contra la impunidad en actos de corrupción que afectan directamente a los más vulnerables. La investigación continúa y no se descartan más capturas.
